La pirueta más arriesgada de Pedro Sánchez durante la pandemia consiste en presumir de los muertos que han evitado sus medidas, en el rango de cientos de miles. De inmediato, se le puede reprochar si no debió restar alguno más, para impedir que el coronavirus matara probablemente a más de cuarenta mil españoles, todavía hoy la mayor incidencia del planeta en relación a la población total. En una etapa que ha demostrado la estrecha vinculación entre la validez de los pronósticos emitidos por los economistas y por los epidemiólogos, el Gobierno se aferra al aplauso por la salvación de vidas humanas del Imperial College, soslayando que su máximo representante y principal asesor científico de Boris Johnson tuvo que dimitir por reunirse con su amante durante el confinamiento.

El peligro de los cadáveres hipotéticamente evitados es que conduce de inmediato a los cadáveres reales que podrían haberse salvado, de haber adelantado una semana las prevenciones sobre concentraciones públicas que conllevó el estado de alarma de 14 de marzo. Según las estimaciones de los mismos epidemiólogos de prestigio, los partidos de fútbol, las manifestaciones feministas y los ágapes de partidos políticos como Vox se tradujeron en víctimas mortales. No es una casualidad el papel de Madrid como foco emisor de la pandemia, y las numerosas concentraciones que registró durante la semana previa al confinamiento radical.

La magistrada del caso 8M archiva la instrucción después de haber sufrido el acoso de los mismos sectores que la vitoreaban al procesar a Cristina Cifuentes. Aunque el asunto ha desvelado la malla sesgada y defectuosa de los atestados de las fuerzas de seguridad, las estruendosas descalificaciones a la jueza desde la abogacía del Estado y la fiscalía obligan a recordar que estas intervenciones tan emotivas son rutinarias por ejemplo en escándalos como el caso Infanta. Es decir, cada vez que los tribunales actúan para defender a los ciudadanos contra los excesos del poder.

Tal vez no sea casualidad que el archivo realizado por Rodríguez-Medel coincida con la declaración del primer ministro italiano ante la fiscalía, precisamente por no haber aislado el volcán vírico de Bérgamo. Se ve que en Italia no son tan remilgados a la hora de indagar en lo sucedido. El Gobierno español tampoco adoptó ninguna medida de este tipo en Madrid, la sagrada capital ni tocarla. Sánchez adelantó públicamente el confinamiento días antes de ejecutarlo, dando una oportunidad a la diáspora de la que no puede declararse ajeno. No es preciso ser epidemiólogo para advertir las consecuencias de esa decisión, que exige detalladas explicaciones. El forense del caso 8M ya concluyó que nunca se podrían asignar contagios concretos a un origen determinado de modo indubitado. Haber asistido a una manifestación desaconsejable no garantiza que la infección se produjera en ella. Por tanto, el escándalo escapa a la esfera penal, tan exigente cuando juzga a los próceres. Sin embargo, nadie puede negar que los estadios, manifestódromos y actos de aclamación política fueron un caldo de cultivo excepcional para el coronavirus. A principios de marzo no se gestaron delitos, solo muertos.