La Abogacía del Estado ha pedido archivar la investigación de la manifestación del 8-M al estimar que no se ha encontrado "el más mínimo indicio delictivo" y que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, actuó correctamente, pues, de haber prohibido ese evento con la información de la que disponía, habría prevaricado.
En un escrito registrado en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid y en representación de José Manuel Franco, investigado por presunta prevaricación por haber permitido la manifestación, la Abogacía vuelve a cargar contra la jueza y contra los informes de la Policía Judicial, convencida de que se ha realizado una investigación prospectiva y de carácter general.
"La instrucción tenía por objeto no investigar indicios de delito, sino encontrarlos", denuncia la Abogacía, que acusa a la jueza instructora, Carmen Rodríguez-Medel, de no haber practicado por sí misma "ni una sola diligencia de instrucción; todo ha sido encomendado a la Policía Judicial".
La mayor parte del escrito se centra precisamente en desmentir el grueso de los informes de los agentes, de los que se desprende que el delegado del Gobierno en Madrid no debía haber autorizado la manifestación ante el riesgo de propagación del coronavirus.
Pero la Abogacía sostiene que Franco "actuó correctamente en el ejercicio de sus competencias y según la información disponible en aquellas fechas" y ve "absurdas" las conclusiones de la Policía Judicial.
A su juicio, el delegado del Gobierno habría sido "prevaricador" si hubiera prohibido ejercer el derecho de manifestación cuando, al mismo tiempo, no había restricciones para utilizar el metro, ir al fútbol o participar en un mitin de Vox.
"Ni las autoridades sanitarias sabían hasta el día 9 cuál era la situación real en Madrid, lo que hubiera permitido una distinta evaluación del riesgo, cuanto menos lo podía conocer el señor Franco que no ostenta competencia sanitaria alguna", recalca.
Rebate que se ocultara información y recuerda que la realidad epidemiológica cambió "drásticamente" el lunes 9 de marzo: el número de casos nuevos creció un 835 % respecto de los casos nuevos (no acumulados) del día 8. "Solo puede comprenderse lo sesgado, parcial y predeterminado del planteamiento si incurrimos en el error de valorar estos hechos pasados no solo con los conocimientos y la experiencia actual tras más de tres meses de estado de alarma y de gestión diaria de esta crisis sanitaria", advierte.
"Habría bastado con un traductor"
Sobre el informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) del 2 de marzo, base de la denuncia contra José Manuel Franco, destaca que la cancelación de eventos masivos en los que no se esperara la asistencia de un número significativo de personas procedentes de zonas de contagio, no era una medida recomendada para países en la situación epidemiológica de España el día 8. Solo Italia estaba en ese escenario.
El informe se aportó en inglés y la Abogacía apunta que "habría sido suficiente utilizar un traductor de los que se encuentran en internet (que es lo que ha hecho la Policía Judicial) para apreciar que toda la tesis del denunciante hacía aguas porque el informe no decía lo que el denunciante decía que decía".
Pero a partir de esa denuncia, añade, se han llegado a los 2.000 folios de investigación "buscando lo que nunca ha existido: indicios de delito por desatender una recomendación que no existía".
Tiene claro además la Abogacía que se ha hecho una "causa general" contra la gestión de la crisis sanitaria realizada desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES), el Ministerio de Sanidad y el Gobierno, y afirma que la Policía Judicial "se extralimitó" al pedir documentación al centro que dirige Fernando Simón sin que se lo ordenara la jueza.
En una situación "enormemente dramática" se pidió información "no urgente ni inaplazable" y se llegó a criticar la tardanza en responder, intentando extender la sombra de la "ocultación" y la "sospecha" sobre un centro y una persona que, según la Abogacía, "han colaborado en la forma más diligente posible en una situación extremadamente crítica".
Informaciones "sesgadas"
Según el escrito, los "errores", "imprecisiones" y "valoraciones técnicas huérfanas de sustento" de los informes de la Policía Judicial "desvirtúan" sus conclusiones, basadas en parte en noticias de medios sin contrastar con las fuentes y copiadas en algunos casos "de forma parcial y sesgada".
"España adoptó las medidas recomendadas a cada uno de esos estados atendiendo al escenario epidemiológico existente en cada momento", se subraya en el escrito, que recuerda también que la Comunidad de Madrid no alertó de ningún riesgo a la Delegación el Gobierno el 7 de marzo y que sus primeras órdenes con medidas restrictivas ante el coronavirus fueron dictadas a partir del lunes 9.
"La gestión de la crisis sanitaria por la Comunidad de Madrid, competente en materia sanitaria, cambió a partir del día 9 de marzo y no fue por haberse celebrado ya la manifestación del día 8 de marzo, sino por el incremento de los casos que se notificaron el día 9", insiste.
La cancelación de otras manifestaciones o eventos, subraya la Abogacía, se debió a que se esperaba a asistentes procedentes de zonas de riesgo, a pesar de "los esfuerzos de la Policía Judicial por tratar de hacer ver oscuras maniobras". "No hubo ninguna mano negra por más esfuerzo que se haga en encontrarla", concluye la Abogacía.
