El Gobierno ha logrado en la sexta y última prórroga del estado de alarma algo que parecía muy difícil, casi imposible, hace solo unas semanas: lograr el apoyo o abstención de grupos tan distintos como Ciudadanos, ERC y el PNV. El sábado, el Ejecutivo alcanzó un pacto con los republicanos para que no volvieran a votar en contra de la extensión de las medidas excepcional frente al coronavirus, que acabará el próximo 21 de junio. Poco después, sellaba otro acuerdo con los nacionalistas vascos. Los naranjas no eran indispensables para que saliera adelante la votación en el Congreso, que tendrá lugar el miércoles, pero la Moncloa ha querido volver a contar con su respaldo, a través de un entendimiento que se ha difundido este martes a primera hora de la mañana, provocando la irritación del PNV.

"El acuerdo, fruto de la voluntad del Gobierno de buscar amplios consensos entre las fuerzas parlamentarias, permitirá consolidar la mayoría necesaria para que el Congreso apruebe la prórroga del estado de alarma, la única herramienta legal que ha demostrado su capacidad para proteger a la ciudadanía", ha señalado la Moncloa en un comunicado.

El punto principal del pacto entre el Ejecutivo de coalición y Cs señala que el decreto de prórroga, que este martes aprobará el Consejo de Ministros para su posterior convalidación en la Cámara baja, solo podrá contener "medidas idénticas para toda España en la recta final del confinamiento, sin perjuicio de la progresión sanitaria de cada territorio".

Es decir, la norma no contendrá medidas específicas para determinadas comunidades, algo que ha causado malestar en los nacionalistas vascos, que teme que haya una contradicción entre este apartado y lo pactado con ellos y ERC: la recuperación de las competencias de los presidentes autonómicos en el tramo final de la desescalada, la llamada fase 3, algo en lo que Cs está de acuerdo. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha señalado en Tele 5 que pedirá una "aclaración" al Gobierno, porque "depende de cómo se lea" el entendimiento con Cs se podría volver "a la situación previa, en la que había un mando único para todo".ERC se ha tomado el pacto con Cs con más tranquilidad. El acuerdo con los naranjas "no afecta a las medidas que pueda tomar la Generalitat en la fase 3", explican fuentes republicanas.

"No hay absolutamente ninguna contradicción", explican fuentes del Gobierno, incidiendo en que una cosa es que las medidas incluidas en la norma sean las mismas para todos los territorios y otra que las autonomías recuperen sus competencias en la última fase del confinamiento. "Todos los partidos saben que el real decreto de estado de alarma sería común a toda España. Los pactos alcanzados con cada formación política son perfectamente compatibles entre sí", insisten en la Moncloa. Las explicaciones han convencido a los nacionalistas vascos, que poco después han emitido un comunicado en el que han confirmado que votarán a favor porque "se restauran las competencias plenas de las comunidades".

La importancia política

Pese a que la prórroga hubiera salido adelante sin el concurso de los liberales, el pacto alcanzado tiene una gran relevancia política. Permite al Gobierno contar con más apoyos que en las últimas extensiones de la alarma, desterrando en parte su imagen de debilidad parlamentaria, y al mismo tiempo dejar al PP solo con Vox, y grupos más pequeños como JxCat y la CUP, en su rechazo. El presidente, Pedro Sánchez, insistirá el miércoles en el Congreso en que los populares no se han comportado como un "partido de Estado" en una crisis sanitaria, económica y social de tanta envergadura como la actual.

El acuerdo con Cs incluye otros puntos. Antes del 15 de junio, el Gobierno presentará un decreto que regulará, teniendo en cuenta las aportaciones de Cs, la salida del estado de alarma para los territorios que la alcancen, y analizará las reformas legales para establecer un mecanismo alternativo al estado de alarma que permita a España protegerse ante eventuales rebrotes. También con anterioridad a esa fecha, el Ejecutivo aprobará un plan de ayudas para el turismo, que constará de 2.500 millones de euros de líneas de avales ICO para garantizar la liquidez del sector y de 151 millones de euros en inversión en la transformación y digitalización del sector. Y la Moncloa, por último, se compromete a permitir que los contribuyentes y sus representantes se relacionen con la Agencia Tributaria a través de sistemas digitales como la videoconferencia.

¿Puede ser este entendimiento el embrión de un acuerdo mucho más amplio para los Presupuestos Generales del Estado del año que viene? Parece difícil sumar a Cs al mismo tiempo que a los grupos que apoyaron la investidura, mayoritariamente de izquierdas, pero el Gobierno alienta la posibilidad. Incluso los miembros de Unidas Podemos, siempre más reacios que el PSOE a pactar con los liberales, defienden explorar esa vía. El Ejecutivo, ha señalado en la Ser el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se sentiría "cómodo" con una alianza de ese tipo. "La clave son los contenidos. Hay que discutir, deliberar y negociar", ha dicho.