Los juzgados se reactivarán el 4 de junio y esperan un alud de recursos y reclamaciones tras dos meses y medio con el trabajo casi paralizado, pero el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dado por bueno el parón, porque el objetivo era "proteger la salud por encima de todo" y "se ha cumplido".

"El tiempo perdido en la administración de justicia es un tiempo ganado a la vida", ha asegurado Campo en el Senado, donde ha comparecido para presentar los proyectos de su departamento y las medidas adoptadas durante el estado de alarma, cuando los juzgados se han centrado en los denominados servicios esenciales, con el 90 % de la plantilla en casa y los plazos procesales suspendidos.

El grado de contagios en el mundo judicial se sitúa en el 0,002 % y se han registrado tres fallecimientos, ha destacado Campo como balance ante las críticas de PP, Vox y Ciudadanos a su gestión y a la paralización del sector.

Ha explicado que las necesidades de equipos de protección individual en los juzgados están "cubiertas para un futuro inmediato", con la distribución de "casi medio millón de guantes, 220.000 mascarillas y unos 30.000 dispensadores de gel", y que se está trabajando "para obtener material suficiente" para la desescalada.

Ésta comenzó la semana pasada con la reincorporación de entre el 30 y 40 % de la plantilla y el momento clave será el 4 de junio, con la reactivación de los plazos procesales, una fecha que, ha destacado Campo, ha sido consensuada con todas las comunidades autónomas con competencias en Justicia, donde hay consejeros del PP y Ciudadanos.

El ministro ha destacado sus aportaciones en las medidas de reactivación de los juzgados y ha reprochado a los portavoces de ambos partidos su "ejercicio de transformismo", al haberse opuesto al real decreto diseñado para intentar paliar el colapso de los juzgados y que fue ampliamente consensuado.

Vox ha denunciado un "abuso" del estado de alarma, y el PP ha acusado al Gobierno de atacar "los derechos" de los ciudadanos y mostrar "un claro tic autoritario".

Pero el ministro ha insistido en que no se ha "suspendido" ningún derecho, solo se ha "restringido" la libertad deambulatoria, y ha asegurado que tampoco "nadie ha perdido competencias".

"Se habrán cometido errores, sin duda, pero todas las decisiones se han tomado siguiendo las orientaciones del mundo sanitario y en un contexto internacional", ha recalcado Campo para volver a tender su mano a la oposición: "Acabemos con las inercias partidistas y los diálogos sordos".

Durante su intervención, el ministro ha alertado con un dato revelador de que muchos casos de violencia machista pueden no haber aflorado durante el estado de alarma: en marzo y abril se han dictado un 37 % menos de órdenes de protección que el año pasado.

Y ha dado cuenta también de los principales proyectos de su plan "Justicia 2030", entre ellos "superar la legislación decimonónica" con una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de forma que sea el fiscal quien instruya las causas.

También ha avanzado su intención de reformar, en base a una propuesta del PP, la Ley del Registro Civil, aprobada en 2011 y que implicaba el cierre de miles de oficinas. Tras sucesivos retrasos, su entrada en vigor está prevista para el año que viene.

Una ley orgánica del derecho de defensa y el refuerzo de las oficinas de asistencia a las víctimas son otros proyectos que ha mencionado Campo, quien también ha destacado el trabajo del Ministerio en dos iniciativas prioritarias del Gobierno: la ley de violencia sexual y la ley de protección de niños, niñas y adolescentes frente a la violencia.