La Institució de les Lletres Catalanes (ILC) "incumplió" la ley de contratos públicos al trocear hasta cinco contratos entre los años 2016 y 2018, cuando la diputada de JxCat Laura Borràs estaba al frente, según expone la Sindicatura de Comptes en un informe al que ha tenido acceso El Periódico. El dictamen de fiscalización expone que del análisis de los contratos menores durante ese periodo se adjudicaron importes acumulados superior al máximo permitido. Dos de ellos corresponden a concesiones realizadas a un conocido suyo, Isaías Herrero, por 27.000 euros, el desarrollo y creación de páginas web, una acción que está investigando en la actualidad del Tribunal Supremo.
El órgano fiscalizador catalán, además, rechaza las alegaciones remitidas por la nueva dirección de la ILC, que sostiene que no hubo fraccionamiento por tratarse de objetos diferentes. En concreto, por lo que respecta a los contratos investigados otorgados a I.H.F., la Institució de les Lletres alega que la ley "no impide la reiteración de la contratación de un mismo proveedor para objetos contractuales diferentes en ejercicios presupuestarios diferentes, o de un mismo proveedor para objetos contractuales recurrentes pero en ejercicios presupuestarios diferentes".
La Sindicatura también ha detectado otras anomalías en las cuentas anuales, al no exprersar "la imágen fiel del patrimonio y de la situación financiera" del ILC, ni de los resultados de los flujos en efectivo y de la liquidación presupuestaria.
Este informe de la Sindicatura corrobora la sospecha de la fiscalíay que fueron avaladas por la juez de Barcelona Silvia López Mejías. Al presuntamente estar implicada en el asunto la diputada catalana, la magistrada remitió el caso al Tribunal Supremo, que en diciembre del año pasado acordó abrir una investigación a la dirigente de JxCat.
Operaciones bajo sospecha
En su auto, el Tribunal Supremo afirmaba en su resolución que Borràs e Isaías Herrero "mantenían una relación personal de amistad", por la que mientras ella estuvo al frente de la ILC se pusieron de acuerdo para el "fraccionamiento de contratos de prestación de servicios informáticos efectivamente prestados, reflejando importes y conceptos inventados, siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros".
De esta manera evitaban "el procedimiento administrativo pertinente" con "trabajos que suponían la programación informática del portal de internet de la ILC" durante más de cuatro años para acudir a la adjudicación directa, "con la intención de favorecerlo personalmente, directamente o a través de las entidades tras las que se ocultaba". El total adjudicado a Herrero, al que también investigará el Supremo, ascendió a 259.863 euros. Son 18 contratos de programación
Entre los indicios contra Borràs figuran correos electrónicos de ella misma en los que le explica a Herrero cómo debe presentar varios presupuestos para poder resultar adjudicatario, porque el dinero, según ella misma indicaba, estaba reservado para él. En una conversación de noviembre de 2017 con su socio Marc Gómez se le oye decir: "Con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, y facturo unos trapis por allí". En la charla se permite hasta augurar un futuro aún más prometedor, si ella llega a ser ministra de Cultura. La diputada siempre ha defendido su inocencia y ha atribuido la investigación a motivos políticos.
