Ahora, con una crisis sanitaria que suma ya más de 25.000 muertos y viene de la mano de una crisis económica, es Pedro Sánchez quien mira de nuevo 40 años atrás para invocar ese espíritu de consenso que pretende que sirva de espejo. Entonces no fue fácil. Tampoco rápido. Hubo meses de gestación y más de 20 días de negociación hasta que, en octubre de 1977, nacieron los llamados Pactos de la Moncloa, dos grandes acuerdos que aunaron a todas las fuerzas políticas del arco parlamentario. Una historia de éxito con ese halo épico que solo el paso del tiempo da.
Era julio de 1977, y hacía un mes que Suárez había ganado las primeras elecciones democráticas, en un contexto de cambios profundos. Su vicepresidente y ministro de Asuntos Económicos compareció en televisión. "Ha llegado la hora de la economía", dijo con semblante serio Enrique Fuentes Quintana. "Los problemas económicos del país solo pueden superarse con el esfuerzo y la colaboración de todos", advirtió, y señaló que el gabinete trabajaba a destajo para elaborar un "programa concreto" de política económica para "empezar a negociar y actuar". También prometió a los ciudadanos "información clara, veraz y puntual".
Tras la muerte del dictador
España estaba sumergida en el proceso político de la transición que había arrancado con la muerte del dictador. Las elecciones democráticas, las primeras amnistías o la legalización del Partido Comunista ocuparon todos los esfuerzos, mientras crecían la inflación, la deuda exterior y el paro, y la economía se deterioraba. Suárez no tenía mayoría en el Congreso y tampoco el apoyo de todo su partido. "O los demócratas acaban con la crisis o la crisis acaba con la democracia". La frase se atribuye a Fuentes Quintana, que supo ver que la joven y frágil democracia peligraba ante la amenaza de graves problemas económicos. Su propuesta fue un programa para "sanear" la economía en dos años, acompañado de una reforma fiscal. Exigió contar con la "colaboración responsable de todos los grupos sociales y partidos políticos".
Suárez y sus ministros económicos recibieron en el Palacio de la Moncloa a los líderes políticos uno a uno. También hubo reuniones con las organizaciones sindicales, los empresarios y los grandes bancos. Y el 23 de julio, se hizo público el Programa de Saneamiento y Reforma Económica tras el consejo de ministros. Un punto de partida que, aunque unilateral, sentaba las bases para pedir acuerdos. Días después, en el Congreso, Felipe González habló por primera vez como líder de la oposición y aseguró que la prioridad era una Constitución que no podía partir del Gobierno, sino de las Cortes. Y se refirió también a la crisis económica: "Debemos considerarnos parte del Estado y, como parte del Estado, corresponsables del destino del país".
La postura de Santiago Carrillo, líder del PCE, fue otra. Desde la tribuna pidió un "Gobierno de concentración democrática nacional" para llevar a cabo las reformas que venían, mientras que Manuel Fraga, de Alianza Popular, evitó comprometerse en su discurso. Los partidos se debatían entre la necesidad de consenso que exigían los nuevos tiempos -que pretendían romper con el ordeno y mando de la dictadura- y tener que compartir las responsabilidades de las medidas de un gobierno en minoría sin compartir también el poder. Así lo recogen las crónicas de la época.
La reforma fiscal se puso en marcha ya en agosto, y en octubre tuvo luz verde por unanimidad. Fuentes Quintana elaboró un texto tras una reunión en el Banco de España, que después se aprobó en Consejo de Ministros y se envió a los portavoces de los grupos parlamentarios, citándoles en la Moncloa. Todos los partidos aceptaron la invitación.
Días de negación
El fin de semana del 8 y 9 de octubre la Moncloa se llenó con tres representantes de cada partido, mientras la prensa preguntaba que si aquello era una especie de gobierno de concentración o incluso un gobierno en la sombra. Las reuniones se prolongaron hasta el 21 de octubre, también con comisiones especializadas. La oposición exigió que las reformas económicas se acompañaran de otras sociales y políticas, y de allí salió un texto de mínimos que fue solo un primer paso. Los sindicatos lo apoyaron pero la recién nacida CEOE se quejó de que no había tenido voz en el proceso. Aún así, hubo tiempo de escuchar y negociar.
El 25 de octubre, en el salón de columnas del Palacio de La Moncloa, 10 líderes políticos firmaron el acuerdo en un acto solemne retransmitido en directo. Dos días después, el Congreso expresó su apoyo a los pactos a través de una propuesta de resolución suscrita por todos los grupos parlamentarios y aprobada con un solo voto en contra. Al acuerdo económico, que incluía la reforma de la Seguridad Social o la gratuidad de la enseñanza, le siguió otro sobre el programa de actuación jurídica y política que abarcaba asuntos como la libertad de expresión, los derechos de reunión y asociación política, reformas del Código Penal en materias relacionadas con la mujer o las libertades públicas o la reorganización de las fuerzas de orden público.
La broma de Carrillo
Santiago Carrillo bromeó asegurando que aquello era "una política de concentración democrática", pero que al Gobierno le faltaba mucho para ser "un Gobierno de concentración democrática". Alianza Popular quiso dejar claro que su apoyo a las medidas no lo era a la gestión que el Gobierno hiciera de ellas, porque aquel Ejecutivo monocolor no podía pretender contar con el respaldo de uno de concentración. El último en hablar fue Suárez: "Esto no es establecer un Gobierno paralelo ni un Gobierno de concentración. Esto es gobernar de una forma distinta, la más válida en la hora presente".
Aquel acuerdo se cocinó a fuego lento y en un contexto social distinto al actual. Pero los pactos no se prorrogaron. Con la Constitución ya sobre la mesa, las perspectivas electorales cambiaron de nuevo el consenso por la competición política.
