Educación ha pedido a las comunidades autónomas que flexibilicen "de forma excepcional" los criterios para pasar curso en todos los niveles de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP y que "no tengan en cuenta limitaciones que afecten" al número de suspensos.

Así lo contempla la Orden del Ministerio de Educación que ha publicado este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE) con directrices para el fin de curso 2019-2020 y el inicio del próximo, que elimina los límites de suspensos que establece la Lomce para promocionar y para titular en 4º de la ESO (2 máximo sin que sean a la vez matemáticas y lengua) o Bachillerato (cero).

La orden, que ha sido suscrita por la mayoría de comunidades, excepto Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla-León y el País Vasco, determina que las clases no se extenderán más allá de junio, que se primará la nota de las dos primeras evaluaciones y que se revisaran los currículos, actividades y programaciones del tercer trimestre, que tendrá "carácter diagnóstico y formativo".

Para los alumnos que estén en 4º de ESO y que se vayan a titular este año, Educación apuesta por la promoción, independientemente de los suspensos que tenga el alumno y explica que los criterios para la titulación se basarán en "la adquisición de los objetivos generales establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias" y la decisión al respecto será adoptada en todo caso de manera colegiada por el equipo docente.

Sobre el resto de cursos de la ESO, para los que la Lomce fija un máximo de tres materias suspensas para pasar, la orden señala que "la repetición será una medida excepcional" y que los que promocionen sin haber superado todas las asignaturas, seguirán programas de refuerzo.

En cuanto a la titulación de 2º de Bachillerato, la norma indica que se "flexibilizarán los criterios" y se basarán en "la evolución" en el conjunto de materias y en la "madurez académica" de acuerdo a los objetivos de esta segunda fase de educación no obligatoria y también establece que "no serán tenidas en cuenta las limitaciones que afecten al número de áreas pendientes"

Críticas de la comunidad educativa

Las medidas de Educación han sido criticadas desde el sindicato CSIF, que ha anunciado acciones jurídicas "para evitar agravios comparativos entre el alumnado de las distintas comunidades", ya que la orden "no establece criterios objetivos, lo que puede dar lugar a una grave situación de desigualdad".

"El Estado ostenta competencias exclusivas en la promoción y titulación del alumnado", insiste CSIF, al recordar que Ley de Educación "marca un número máximos de materias suspensas para poder promocionar y titular" y destaca que en el caso de Bachillerato, "esta situación agravará las diferencias en el acceso a la Universidad".

Además, el sindicato critica que tampoco se hayan fijado criterios objetivos para la evaluación del tercer trimestre y la finalización del curso y "cargue toda la responsabilidad al profesorado".

Por su parte, el sindicato de docentes ANPE ha calificado la orden de "dislate normativo y jurídico" y ha asegurado que "un estado de alarma no puede ser la excusa para la vulneración del actual marco normativo, desvirtuando la función docente y atentando contra el principio de igualdad de oportunidades del alumnado".

Opinión que comparte la central de los trabajadores de la enseñanza privada, FSIE, que cree que se pone "en situación de inseguridad jurídica a todo el profesorado" y reclama la modificación de la ley educativa vigente "con el respaldo del Congreso que eso requiere".

Precisamente, los criterios sobre titulación y promoción son los que han llevado a las comunidades de Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla y León, todas ellas gobernadas por el PP, a expresar su disconformidad con la orden y a señalar que se regirán por los criterios que establece la norma nacional.

Prolongar un año el Bachillerato

Educación otorga también a las administraciones educativas a prolongar un año más el Bachillerato a los alumnos que se hayan visto afectados por las circunstancias de este curso escolar y para el paso de 1º a 2º de Bachillerato con suspensos permite "la matrícula en las materias de continuidad del segundo curso aunque no se haya aprobado las del primero", pero obliga a matricularse de las fallidas para su recuperación.

Tampoco en los cursos de Formación Profesional (FP) se tendrán en cuenta las limitaciones de los suspensos, ni en los de Educación Primaria y la orden requiere un "informe individual" para los alumnos de 6ª, que vayan a pasar a la educación secundaria "con carácter orientador para ser tenido en cuenta en el curso 2020-21".

El retorno a las aulas, voluntario

El Gobierno estudia que el retorno a las aulas sea voluntario tanto para alumnos como profesores, dando prioridad a los estudiantes en una situación más vulnerable. En concreto, aquellos que no han podido seguir la educación a distancia desde que se suspendieron las clases presenciales, pero también escolares que hayan padecido los estragos de la pandemia en su familia.

Según ha podido saber Europa Press, estas son algunas de las opciones que maneja el Gobierno para su plan de desescalada en el ámbito educativo. Actualmente, más de diez millones de estudiantes de todas las enseñanzas siguen el curso académico desde casa tras el cierre de las aulas a mediados de marzo para contener la propagación del coronavirus.

El Ejecutivo no baraja una fecha concreta para abrir los centros educativos, pero ha empezado a estudiar las condiciones higiénicas y sanitarias para esa inédita 'vuelta al cole' a final de curso, siempre que la evolución de la pandemia lo permita.

La reanudación de las clases presenciales solo se contempla de manera parcial y simultánea a la actual enseñanza a distancia. También voluntaria, tanto para escolares como para docentes, lo que evitaría la incorporación de profesores con síntomas de coronavirus o con dolencias que les sitúan entre la población de riesgo.

Fuentes del Gobierno señalan a Europa Press que los estudiantes de segundo de Bachillerato, cuarto de Secundaria y de Educación Especial serían los primeros en pisar un aula si se dan las circunstancias sanitarias adecuadas.

La incorporación se sucedería por etapas, y tomarían el testigo el resto de estudiantes de Bachillerato y Secundaria. Después los de Primaria, y en último lugar los de Educación Infantil, porque entre los 'peques' resultaría más complicado mantener la distancia y los protocolos higiénicos para evitar los contagios.

Antes de abrir sus puertas, todos los centros educativos tendrían que haber hecho una desinfección completa de sus instalaciones y disponer de geles y mascarillas suficientes. También haber hecho una. Además, la distancia social se considera imprescindible, por lo que habría que garantizar una separación de dos metros entre pupitres que obligaría a reducir los grupos y clases a la mitad.

También a escalar la entrada y permanencia en el centro educativo de los estudiantes, algo que evitaría además las aglomeraciones en las puertas de los colegios e institutos. Con ese mismo propósito, el Gobierno descarta la apertura de los comedores escolares en un hipotético escenario de reapertura de los colegios, y prolongaría durante un tiempo fórmulas alternativas para garantizar la alimentación de los escolares con becas.