La presión sobre los datos para calibrar el estado real de la epidemia de coronavirus en España ha acabado rompiendo la serie estadística con la que se interpretaba el curso de la enfermedad y ha obligado al Gobierno a unificar el criterio de las notificaciones con una orden ministerial para evitar descuadres tan significativos como el de los 585 muertos confirmados este viernes, de los que sólo 348 se suman al total, que se sitúa en 19.478.
Ese descuadre lo atribuye el Ministerio de Sanidad a "incoherencias" en los datos trasladados por Cataluña, que esta semana contabilizó a partir de informes de las funerarias 3.242 nuevas muertes sin confirmar pero sospechosas de estar relacionadas con la COVID-19, que sumó a las 3.855 que registraba siguiendo el patrón de casos ratificados mediante test del resto de comunidades y de la mayoría de países.
Desde el miércoles está también trastocado el análisis de la que está considerada tendencia clave para ver la evolución de la pandemia, el ritmo de contagios, que, tras situarse en días precedentes por debajo del 2 %, subió de forma abrupta con el incremento de los test en las autonomías y la identificación de asintomáticos, subida que se mantiene hoy con 5.252 nuevos positivos (2,9 %) y un total de 188.086.
Hasta el número de enfermos de la COVID-19 curados (74.797) ha sufrido hoy el embate del ajuste de datos, con 2.000 menos que hace 24 horas.
Restan las hospitalizaciones (1.003 más) e ingresos en las ucis (79), que siguen descendiendo (1,7 y 1,4 %), y el ritmo medio básico de reproducción del virus, por debajo del 1 por ciento de media -pese a que hay todavía comunidades que lo superan- para señalar que la tendencia de la epidemia sigue siendo claramente decreciente.
Información homogénea
"Durante dos o tres días los datos podrán parecer un poco extraños", ha dicho el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que ha anunciado que están tratado de corregir las series "para que las fuentes de información sean homogéneas".
Las estadísticas que explican el rumbo y la dimensión de la epidemia se disponen, por tanto, a cruzar un pequeño desierto salpicado de espejismos -en China ocurrió lo mismo- que Sanidad pretende dejar atrás con la orden publicada este viernes en el BOE parar tratar de unificar el criterio de los datos que envían las comunidades.
En esa orden, que modifica la anterior del 14 de marzo, se solicita a las autonomías que comuniquen de forma separada los casos detectados por test PCR y los diagnosticados por test rápidos o de anticuerpos y que notifiquen los fallecidos con COVID-19 confirmados en hospitales, residencias o domicilios particulares, con lo que se sigue separando los casos sospechosos de los confirmados, al contrario de lo que plantean comunidades como Cataluña.
A partir de este viernes, en consecuencia, se deberán remitir entre las 20:00 y las 21:00 horas el total de fallecidos por SARS-CoV-2 desde el 31 de enero, así como los casos acumulados confirmados desde esa misma fecha mediante prueba diagnóstica, incluyendo sintomáticos y asintomáticos.
También el número de personas con síntomas y sin síntomas en el momento de la prueba y las que han ingresado en centros hospitalarios u otros centros habilitados para la atención de pacientes, incluyendo en las unidades de cuidados intensivos, además de las altas hospitalarias y domiciliarias.
A las nuevas estadísticas se sumarán, según ha precisado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, los fallecidos en residencias de mayores, que ya han sido remitidos por la totalidad de comunidades autónomas, una vez que sean analizados por los técnicos.
Vuelta a la "normalidad"
Una información lo más completa y detallada posible es clave para hacer frente a la epidemia, pero también para preparar los siguientes escenarios y programar el periodo posterior al confinamiento, que muy probablemente se prorrogue la semana que viene otros quince días, pero ya con algunas excepciones como las que se mantienen en otros países.
Ente esas medidas, ya es una clamor diario la que pide la salida controlada de los niños a la calle, que este viernes han vuelto a reclamar comunidades como Cataluña o el País Vasco, que inclusive ha planteado la fecha del 26 de abril, así como el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán.
El Gobierno, que ya ha dicho en diversas ocasiones que es una prioridad que tiene en cuenta, se ha comprometido a estudiarla, aunque el ministro de Sanidad ha vuelto a pedir la máxima prudencia, tras reconocer el sacrificio que supone para los menores el mantenerse en sus casas y no salir a la calle.
También estudia el Gobierno cómo se afrontará el llamado periodo de transición o de desconfinamiento que, según diversos expertos, podría comenzar a partir del 11 de mayo, aunque, según ha reconocido hoy Fernando Simón, las personas mayores de 70 años - las más vulnerables frente al coronavirus- tendrán que continuar con toda probabilidad en régimen de aislamiento al menos hasta el verano.
En ese retorno a la "normalidad", que no será tal pese a que esté controlada la pandemia, la reanudación de forma total de la actividad laboral se plantea en dos fases, según ha dicho hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: una que abarcará los sectores productivos hasta el verano y otra, que se extenderá hasta final de año, y que afectaría al turismo, la cultura o el ocio.
