El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha planteado este viernes la necesidad de hacer una revisión de los instrumentos legales con los que se cuenta para impedir los bulos "o al menos para no se vayan de rositas lo que contaminan la opinión pública de manera grosera y sin justificación ninguna".
En rueda de prensa en La Moncloa junto al titular del Interior, Fernando Grande Marlaska, Campo ha reconocido la existencia de un problema social con la irrupción de las "fake news" y ha recordado que los ciudadanos tienen el derecho constitucional a recibir información veraz.
Se ha comprometido en este contexto a revisar si los instrumentos existentes ahora son "suficientemente fuertes" para salvaguardar ese derecho y ha considerado que en un estado de alarma, en el que las noticias falsas pueden hacer mucho daño, está "más que justificado" hacer esa revisión, "con calma y con la serenidad necesaria" que exige cualquier cambio legislativo.
Sobre la querella presentada por Unidas Podemos ante la Fiscalía para que investigue si una organización criminal está detrás de varios bulos en los que se acusa al Gobierno de ocultar información sobre el coronavirus y de desatender a enfermos y fallecidos, Campo se ha limitado a señalar que tendrá que ser analizada y la resolverá la justicia.
Marlaska, por su parte, ha recordado que las fuerzas y cuerpos de seguridad están monitarizando de forma constante las redes ante la proliferación de bulos que causan alarma social y ha garantizado que todo aquello que pueda tener un "contenido criminal" se pone en conocimiento de las autoridades judiciales.
Preguntados sobre la posibilidad de que España utilice los dispositivos móviles de los ciudadanos para evitar la propagación del virus, como han hecho, por ejemplo, la República Checa o Singapur, el ministro de Justicia ha reconocido que "se está estudiando todo".
Si las autoridades sanitarias pide que se controle la movilidad de las personas porque es la manera de controlar los contagios, "tenemos que buscar mecanismos", ha señalado.
En España existe ahora una voluntariedad, "pero se puede ir más lejos", ha añadido Campo, quien ha señalado que, de acuerdo con la Agencia de Protección de Datos, no se vulneraría la protección de datos "cuando se trata de esta situación".
Ha puesto como ejemplo la posibilidad de controlar a alguien que no atiende al confinamiento y "hay que retirarla del circuito porque está contagiando al resto".
En cualquier caso, ha añadido, "todo tiene que hacerse de una manera respetuosa con el ordenamiento jurídico, porque no existe una devaluación del Estado de derecho en el estado de alarma".
