La batalla política, que parecía impensable en las actuales circunstancias dramáticas que vive el país por la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas y sociales, se ha desatado sin remedio en las dos últimas semanas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha perdido toda la gracia que le había concedido la oposición al inicio de la crisis, a primeros de marzo, y se encuentra en estos momentos acorralado por las críticas a su gestión tanto en el fondo como en la forma. La práctica unanimidad con que se aprobaron sus primeras medidas, se encuentra ahora en entredicho, y para tratar de darle la vuelta a la situación y garantizar que los últimos decretos, y otros que quedan por venir, sean convalidados por el Congreso, el líder socialista lleva a cabo este fin de semana una nueva ronda de contactos con los líderes políticos y tratar de recomponer los apoyos en el pleno de la Cámara de la próxima semana.
Las críticas a Sánchez son de muy variada naturaleza y contenido, de manera que no se puede decir que haya un frente contra las medidas aprobadas en los distintos Consejos de Ministros. Pero el hecho de que, tanto en el ámbito parlamentario, como en el territorial de las comunidades autónomas, o en el empresarial, el de las pymes, y el los autónomos, las objeciones que se plantean a la actuación del Ejecutivo sean tan generalizadas, origina un estado de desconcierto y la idea de que el presidente no está trasmitiendo la sensación de liderazgo que necesita el país en estos momentos. Sin embargo, no hay en absoluto consenso en el sentido contrario, es decir, no hay ninguna medida del Ejecutivo que sea rechazada por una gran mayoría, ni ninguna que se haya propuesto desde fuera del Gobierno que sea relevante o que se reclame unánimemente.
De esta forma, la verdadera esencia de las críticas a la gestión política y técnica de la crisis viene derivada de la evidente improvisación con que se ven obligados a actuar los responsables de tomar las decisiones, y de la ausencia de diálogo, información, y consultas con que se han adoptado algunas de esas decisiones y se han elaborado los decretos que las sustentan. Es un reproche que comparten prácticamente todas las fuerzas de la oposición, incluidos los partidos aliados del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos como el PNV, ERC, Más Madrid, Compromís, NC o Teruel Existe. También es el caso de CC y de Cs, que en esta crisis se está desmarcando de la estrategia dura del PP y Vox y está apoyando sustancialmente al Gobierno, pero que ahora exige conocer de antemano las medidas que se lleven al Congreso.
La Cámara volverá a debatir la próxima semana, en sesión de presencia reducida y voto telemático masivo, los últimos decretos aprobados por el Consejo de Ministros, que necesitan ser convalidados antes de 30 días. Se trata del decreto de medidas de ayuda a las personas más vulnerables, a inquilinos, autónomos y pymes, y sobre todo el controvertido decreto de paralización de toda actividad productiva no esencial para garantizar un confinamiento total de la población. Se da por hecho, además, que Sánchez comunicará a lo largo de sus reuniones por videoconferencia con los líderes políticos este fin de semana, su intención de solicitar al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma, hasta el 25 de abril, que se votaría también en ese próximo pleno extraordinario.
La correlación de fuerzas en el Congreso a la hora de convalidar o no los decretos mencionados es más dudosa por tanto en este caso que en las votaciones precedentes relacionadas con esta emergencia, y el Ejecutivo deberá aquilatar más sus posiciones, y sus posibilidades de ceder a las reclamaciones de las demás fuerzas políticas para modificar los decretos. Pero el Gobierno no contempla en estos momentos perder una votación en el Congreso, algo que sería muy duro y con graves consecuencias jurídicas y económicas porque los decretos ya han entrado en vigor y generan derechos para miles de ciudadanos que quedarían invalidados. Por eso, Sánchez y sus ministros consideran que por muy duro que esté siendo el presidente del PP, Pablo Casado, no se atreverá a provocar una situación de esa gravedad, lo que podría ocurrir si al voto contrario de los populares y de Vox se uniera el de ERC y otras formaciones críticas desde el otro lado de la oposición como Bildu, JxCat, BNG y la CUP.
Sesgo ideológico
Casado ha ido subiendo el tono de sus ataques al Ejecutivo desde hace dos semanas y se encuentra ahora en un punto de difícil retorno en su dialéctica, pues además de acusarle de deslealtad por no consultarle ni informarle de las medidas, le responsabiliza del colapso en los hospitales, de no haber previsto la necesidad de adquisición de material sanitario, de protección y de pruebas diagnósticas, y de aprobar medidas de tipo social y económico que tienen un claro "sesgo ideológico" condicionado por Unidas Podemos que lleva a un cambio de modelo económico en el país, incluso al riesgo de que se produzcan "nacionalizaciones" de empresas de sectores estratégicos. Casado acusa a Sánchez de "arrogante e incompetente". La dinámica en la que ha entrado el PP dista ya muy poco de la de Vox en ese sentido, y está por ver qué tipo de discurso utiliza Casado en el próximo pleno para justificar, o bien que no apoya al Gobierno, o que, pese a todo, acaba respaldando los decretos.
Entre sus aliados, el que más preocupa a Sánchez es el PNV, que atacó con dureza al Gobierno por las consecuencia en el País Vasco del cierre total de la actividad productiva no esencial y sus efectos sobre la industria en ese territorio. Sin embargo, tras algunas aclaraciones por parte del Ministerio de Economía, los peneuvistas, manteniendo su malestar con Sánchez por no haber sido consultados previamente, han moderado sus críticas, aunque de momento no aclaran su posición. El otro aliado que puede determinar el resultado de la votación es ERC, que sigue dando una de cal y otra de arena, que ha calificado de "chapuza jurídica" el decreto de confinamiento total, y que tampoco ha desvelado su voto. Cabe recordar en todo caso que esta formación no apoyó el estado de alarma porque no ordenaba el confinamiento total que pedían, lo que hace pensar que sí lo respaldarán en esta ocasión pese a lamentar que "no se haya dejado tiempo en las empresas para organizarse", y a exigir medidas sociales y económicas "más ambiciosas".
Los dos partidos canarios presentes en el Congreso, CC y NC, sí han anunciado su respaldo a los decretos, pero también son críticos con la falta de diálogo y política de hechos consumados por parte del Ejecutivo. Del resultado de las conversaciones de este fin de semana de Sánchez con el resto de formaciones dependerá el tipo de debate que se producirá en el próximo pleno y si hay una cierta recomposición de los apoyos que necesita. Pero en todo caso, no parece por ahora que se den las condiciones como para que fructifique la idea que propone La Moncloa de una especie de nuevos Pactos de La Moncloa de 1977 para la reconstrucción económica del país. La batalla política desatada en plena emergencia nacional va en la dirección contraria a la de ese tipo de pactos nacionales.
