La prestación sanitaria de aborto está de momento garantizada durante el estado de alarma debido a la epidemia de coronavirus y los profesionales de los centros acreditados para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) están trabajando con la máxima precaución y seguridad.
Así lo sostiene la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), cuyos portavoces aseguran que este recurso sanitario está garantizado actualmente desde la derivación pública y desde las clínicas acreditadas, que siguen abiertas.
El personal médico, sanitario y administrativo está utilizando equipos de protección individual (EPI), se están espaciando las citas para reducir la presencia simultánea en los mismos espacios y se está reduciendo la presencia de acompañantes.
Para facilitar la movilidad de las mujeres y el personal médico y sanitario se han elaborado, además, documentos válidos jurídicamente que justifican sus desplazamientos.
Las clínicas que cuentan con más de un respirador, atendiendo a la petición del ministerio y las consejerías de Sanidad, han puesto a disposición de las administraciones estos materiales y han sido retirados de algunos centros.
ACAI ha solicitado a Sanidad que suprima durante el estado de alarma la informativa presencial de la mujer previa a la IVE y que esta pueda hacerse por medios telemáticos para reducir el número de desplazamientos de las mujeres, pero -dicen en un comunicado- que aún no han obtenido respuesta.
Según la asociación, el número de abortos provocados realizados desde la declaración del estado de alarma se mantiene, con ligeras variaciones territoriales, más o menos estable si se compara con la primera quincena del mes de marzo.
No obstante, en Madrid, la comunidad más afectada por la pandemia, la afluencia de mujeres parece haber disminuido en algunos centros entre un 15 y un 20 % aproximadamente.
Las razones podrían ser diversas: mujeres que retrasan la IVE ante la expansión de la pandemia o que no quieren que la intervención sea conocida por el entorno con el que convive, desconocimiento de la apertura de los centros o ralentización en la derivación pública por falta de personal afectado por la pandemia o por limitaciones propiciadas por el estado de alarma.
