El Gobierno no ha creado una app para controlar los movimientos de los españoles

En los últimos días han proliferado en redes sociales mensajes en los que se asegura que "ha quedado implantada, y legalizada" por el Ejecutivo "la geolocalización de todos a través de la trazabilidad de los móviles", una medida que algunos denuncian como "algo más que confinamiento".

A ello ha contribuido un tuit publicado el pasado sábado por la secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona, en el que afirmaba: "El Gobierno va a desarrollar una APP sobre el COVID-19 que permitirá nuestra geolocalización. Pedirán a los operadores móviles nuestros datos para conocer nuestra movilidad. Se puede evitar poniendo el móvil en modo avión y usando solo conexión en wifi".

Olona basaba sus afirmaciones en el contenido de la orden del Ministerio de Sanidad SND/297/2020, publicada ese mismo día en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial "el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19".

Ubicación voluntaria

Para empezar, la orden ministerial, que entró en vigor el sábado, no habilita ningún procedimiento para empezar a controlar los movimientos de los españoles durante la cuarentena a través de sus móviles. En realidad, la norma promueve dos iniciativas distintas: la creación de una app para ayudar a quienes dudan si han contraído el coronavirus y la elaboración de un estudio sobre los desplazamientos de los españoles en los días previos y durante el confinamiento.

El objetivo de la primera iniciativa, según explica la propia orden, es "ofrecer canales alternativos de información fiable a los ciudadanos a través de aplicaciones, asistente conversacional o página web que permitan aliviar la carga de trabajo de los servicios de emergencia de las distintas Administraciones Públicas con competencia en materia de salud".

Para ello, Sanidad encarga a la Secretaría de Estado de Digitalización (perteneciente al Ministerio de Asuntos Económicos) el desarrollo urgente de una aplicación para móviles que permitirá al usuario introducir sus síntomas y obtener una "autoevaluación" sobre "la probabilidad de que esté infectado por el COVID-19", así como "consejos prácticos y recomendaciones de acciones a seguir" en función del resultado.

El usuario que se descarga la app autoriza si quiere el uso de la geolocalización del móvil y, de este modo, accede a la información y los servicios disponibles a través de internet que correspondan a su Comunidad.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Digitalización consultadas por Efe subrayan que estos datos de geolocalización vía GPS dependen de la autorización previa de quien se descargue la app y sirven exclusivamente "para saber en qué comunidad autómoma se encuentra" y poder ofrecerle "las mejores pautas de actuación en función del protocolo autonómico correspondiente".

Es decir: en función de cada ubicación, la aplicación ofrece "el correcto número de atención al que llamar, realizar un seguimiento médico, derivar a un hospital si fuera necesario...". Además, según el resultado del autodiagnóstico, se facilita el número de emergencia correspondiente a la comunidad desde donde se hace la consulta.

Fines sanitarios

¿Cómo se asegura que el Gobierno usará esa geolocalización únicamente para confirmar la Comunidad desde la que se envía la consulta? "Así se establece en la política de privacidad" de la app, donde asimismo "se especifica que los datos solo podrán ser utilizados con fines sanitarios y epidemiológicos por las entidades autorizadas", recalcan las mismas fuentes.

La Secretaría de Estado encargada de desarrollar la app insiste en dejar claro que el objetivo de la nueva aplicación es "ofrecer un servicio de autodiagnóstico para descongestionar los teléfonos de atención sanitaria y dar respuesta a las necesidades y demandas de información de la ciudadanía".

Lo cierto es que esta aplicación tiene como precedente directo una aplicación similar impulsada hace unos días por la Comunidad de Madrid. Bajo el nombre de "CoronaMadrid", esta app, que también pide autorización al usuario para acceder a su geolocalización, había sido descargada por más de 15.000 personas en las primeras 48 horas de funcionamiento, según informaba el Gobierno regional madrileño el pasado día 27.

"Activa los permisos necesarios para poder utilizar la aplicación", es el mensaje que aparece en el móvil cuando alguien se descarga la app de la Comunidad de Madrid, y el primer permiso es el de la geolocalización, con el siguiente argumento: "Necesitamos saber dónde te encuentras para poder ofrecerte las mejores medidas preventivas y de evaluación".

Una app como en Corea

El llamamiento de Macarena Olona en Twitter para inhabilitar los datos de posicionamiento de los móviles configurando los teléfonos en "modo avión" contrasta incluso con las propuestas de su propio grupo para implantar en España el modelo de Corea del Sur frente al COVID-19, con una aplicación para teléfonos móviles que permita geolocalizar a los usuarios.

Así, el pasado día 18, Vox presentaba en el Congreso, para su debate en la Comisión de Ciencia, innovación y Universidades, una proposición no de ley "relativa al desarrollo de una aplicación informática similar a la de Corea del Sur para hacer frente a la crisis del coronavirus".

Al informar sobre esta proposición en su web oficial, el partido liderado por Santiago Abascal explicaba que su grupo solicita "la creación de una aplicación app para smartphones por parte del Gobierno" que sea "como la de Corea del Sur".

Y, el diputado Víctor González Coello de Portugal, portavoz adjunto de Vox en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital y uno de los firmantes de la iniciativa, defendía en Twitter su propuesta de app con argumentos como que, en Corea del Sur, "la aplicación, al haberle registrado geo posicionalmente, permite al gobierno detectar si se observa la cuarentena o no".

Vigilar si se cumplen o no las restricciones del estado de alarma no es en cambio el objetivo de la aplicación promovida por el Gobierno español. Los datos solo podrán ser utilizados con fines sanitarios y epidemiológicos.

Datos anónimos

Sin relación alguna con esta app, la orden ministerial encarga una segunda iniciativa a la Secretaría de Estado de Transformación Digital: "El análisis de la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento", con el objetivo de "entender los desplazamientos de población para ver cómo de dimensionadas están las capacidades sanitarias en cada provincia".

¿Dar vía libre a este estudio supone que el Gobierno va a controlar a partir de ahora los movimientos de los españoles a través de sus móviles? Tampoco.

¿Cómo se va a llevar a cabo este seguimiento? Pues, según precisa la norma, las operadoras de telefonía con las que el Gobierno "llegue a un acuerdo" facilitarán los datos de que disponen a través de sus respectivas redes y que serán cruzados "de manera agregada y anonimizada" por el Instituto Nacional de Estadistica (INE), responsable del tratamiento de esa información y de la elaboración del estudio.

Es decir, el INE elaborará el estudio a partir de los datos sobre número de dispositivos móviles conectados en distintos momentos a cada una de las antenas de las redes que gestionan "los principales operadores del país" y que serán en todo caso "anónimos y agregados", recalcan fuentes de la Secretaría de Estado de Digitalización.

El fin no es por tanto controlar los movimientos individuales de los españoles, con nombres y apellidos, sino "estimar el efecto de las medidas de confinamiento sobre la movilidad" y "conocer si, tras la entrada en vigor de las medidas" derivadas del estado de alarma, "han aumentado o disminuido los desplazamientos en los distintos territorios".

Alerta contra el bulo

La propia orden insiste en dejar claro que tanto el estudio de movilidad como la nueva app cumplirán las garantías de protección de datos personales amparadas por la UE en el reglamento 2016/679. Y, del mismo modo, fuentes de Interior consultadas por Efe reafirman que este ministerio y las fuerzas de seguridad del Estado actúan siempre "con un escrupuloso sometimiento a la ley y a los derechos fundamentales".

En todo caso, los mensajes sobre un supuesto intento de controlar los movimientos de los españoles alcanzaron tanta difusión que el número dos de la Policía Nacional, José Ángel González, advirtió este lunes públicamente de que era un "nuevo bulo" alentado en Twitter la afirmación de que "la aplicación creada por el Gobierno para informar del COVID-19 es en realidad un sistema encubierto de localización del ciudadano".

Ni lo es la app, que geolocalizará solo a los usuarios que lo autoricen expresamente, ni lo es el estudio de movilidad, que elaborará el INE con datos generales y anónimos sobre el número de dispositivos que estén conectados a las diferentes antenas de telefonía móvil en uno y otro momento durante el tiempo que dure el confinamiento.