La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que la clave de la Ley de Libertad Sexual "no es la cantidad de las penas", sino que "ya no es necesario probar que hay violencia con intimidación".

En relación a que las penas de los condenados por el caso de La Manada podrían bajar con la reforma del Código Penal que se propone, para Montero lo importante es que se despeja cualquier duda sobre si hay distinción entre abuso o agresión "en esta violación grupal salvaje", ha asegurado en RNE. "La clave del cambio del Código Penal no tiene tanto que ver con el rango de las penas, hay penas que suben y otras cambian, la clave del cambio es que ya no es necesario probar que hay violencia con intimidación, ni el consentimiento de la mujer para participar en un acto sexual", ha aseverado.

"Ningún juez podría haber dicho que observa jolgorio, no habría ninguna duda" en la tipificación del delito y "la víctima tendría un acompañamiento especializado, habría un juzgado específico o la sociedad no habría cuestionado si la víctima podría hacer una vida normal".

Ha destacado la importancia de que coincida la aprobación de la futura ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual con la celebración del 8M, que se sale a la calle para exigir "la redistribución de la riqueza, del tiempo y de los cuidados y para que las mujeres no cobren menos salario o pensiones".

Montero ha expresado su plena confianza en la gestión de Sanidad respecto al coronavirus y en las indicaciones que se pudieran dar si fueran precisas de cara a esas movilizaciones que se celebran el próximo domingo.

Abolicionista

Por otro lado, Montero ha asegurado este viernes que su ministerio tiene un "horizonte abolicionista" y dará prioridad a la lucha contra la explotación sexual con una ley integral contra la trata, si bien respeta a las "compañeras feministas" no abolicionistas. La ministra ha recordado su objetivo de impulsar una ley integral de lucha contra la trata para proteger a las mujeres y niñas explotadas: "Yo soy abolicionista y este ministerio tiene horizonte abolicionista. También digo que respeto a muchas compañeras feministas que yo comparto lucha con ellas", ha insistido.

"Hay un consenso en el movimiento feminista de luchar contra la explotación sexual. Para mí la prostitución es claramente una forma de explotación sexual, hay compañeras feministas que no piensan como yo, y todas estamos de acuerdo en quién se está beneficiando y moviendo millones de euros en un país como España", ha asegurado Montero, que este viernes asistirá junto a la reina Letizia a un acto de la Asociación para la Prevención y Atención de la Mujer Prostituida (APRAM).

Las explicaciones de Montero se producen después de que el sector del feminismo que aboga por la abolición de la prostitución haya calificado de "disparate" la futura ley trans y criticado el anteproyecto de ley de libertad sexual porque no ha tenido en cuenta la prostitución y la pornografía.

Montero ha abogado por perseguir la explotación sexual "de forma decidida y eso significa luchar contra la trata" con una ley, tal y como recoge el acuerdo del PSOE y Unidas Podemos, pero también poner la atención en la industria, ha insistido. "Creo que no hay que poner solo el foco en el debate feminista o en las mujeres en situación de prostitución, sino también en aquello que por casualidad nunca sale en el debate y afecta fundamentalmente a hombres que se están enriqueciendo a manos llenas a costa de la explotación sexual de las mujeres", ha añadido.

Revisar sentencias

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha asegurado que la nueva ley de libertad sexual no implicará que se revise "ninguna" sentencia de violación grupal ni, "en principio", de violación, al tiempo que ha reiterado que suben las penas por delito de acoso.

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, Rosell ha rechazado que el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual cree inseguridad jurídica. "Solo quien está dispuesto a crear esa inseguridad la crea, porque también he tenido que leer que las penas sí podrían bajar y que se podrían revisar condenas de asuntos que tenemos todos en la cabeza", en referencia al caso de La Manada. "Cuando el marco comunicativo de algunos interesados es que bajan las penas y enseguida tienes un abogado cerca que dice 'entonces vamos a revisar condena', pues no, porque si el máximo siguen siendo 15 años, está la violación grupal y están los actos particularmente vejatorios, esto no va a pasar".

Rosell ha lamentado que se esté generando "alarma" con esta cuestión y ha recordado que las penas por delito de acoso suben con la ley de libertad sexual porque "todos los expertos decían que estaba insuficientemente penado".