05 de marzo de 2020
05.03.2020
Nueva causa

Una jueza de Girona pide al Supremo investigar a Puigdemont por corrupción

El alto tribunal deberá elevar un suplictario al Parlamento europeo si asume la investigación

05.03.2020 | 08:49
Una jueza de Girona pide al Supremo investigar a Puigdemont por corrupción

El panorama judicial del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont puede complicarse en breve. La jueza de Instrucción número 2 de Girona ha remitido una exposición razonada al Tribunal Supremo para que asuma la investigación contra el 'expresident' en relación con la causa que tiene abierta por la gestión de la empresa Aguas de Girona durante su mandato al frente del Ayuntamiento gerundense, entre el 2011 y el 2016, confirmaron a este diario fuentes jurídicas.

La magistrada, que ha accedido a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de remitir las actuaciones al Supremo dada la condición de aforado de Puigdemont, tras su elección como eurodiputado, le atribuye los delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental. Si la Sala Segunda del Supremo decide asumir la investigación, deberá cursar el correspondiente suplicatorio a la Cámara europea para que le levante la inmunidad y poder proceder como él.

El expresidente Puigdemont, que huyó de la justicia española cuando fue citado a declarar por el 'procés', se ha apresurado a contestar en Twitter que "hace un año, cuando aparecieron informaciones con los mismos elementos de ahora" se ofreció a través de su abogado a declarar voluntariamente para "cortar de raíz" lo que considera "un intento de ensuciarle". Dice que se le negó que existiera tal investigación y considera que el procedimiento obedece a un intento de extraditarle "como sea".

En cualquier caso, lo habitual es que cuando aparecen indicios contra un aforado en un juzgado, este reúna prosiga las pesquisas hasta poder reunir todos los datos que le sean posible antes de dirigirse al Supremo para que que abra oficialmente la investigación.

La jueza investiga este caso desde 2015 a raíz de una denuncia de la CUP ante Anticorrupción en relación con la gestión de la sociedad mixta que está participada en un 20% por los ayuntamientos de Girona, Sarrià de Ter y Salt y en el otro 80 por la empresa Girona, en la que participan Aqualia, Sociedad General de Aguas de Barcelona y Caixabank. La CUP se dirigía contra el que hasta 2016 fue consejero delegado de Agissa Narcís Piferrer por un delito continuado de administración desleal, al considerar que benefició a la parte privada de Agissa, la sociedad Girona SA, a través de "facturaciones irregulares y autofacturaciones para enriquecer a Girona SA a costa de Agissa".

Colección de arte

En junio de 2018 la magistrada ordenó registros en los tres consistorios afectados en busca de documentación relacionada con la presunta distracción de sus fondos, que se habrían destinado, entre otras cuestiones, a la compra de la colección artística de Rafael Santos Torroella por 3,9 millones de euros. La adquisición de las obras de arte, no exenta de polémica, fue aprobada en 2014 por el pleno del ayuntamiento de Girona en una ajustada votación, gracias al voto de calidad del entonces regidor, Puigdemont. Un año antes había ordenado registrar la sede Aigües.

En su exposición razonada, adelantada por El Español, la magistrada se centra en el desvío de lo obtenido con un canon extraordinario que se impuso por el agua a los ciudadanos para comprar la colección de Torroella, pese a que la naturaleza de los fondos obligaba a que se revirtieran en el servicio. La magistrada considera que se utilizó "un artificio" para "ocultar" las obras mientras las inversiones en mantenimiento se redución sensiblemente, lo que "llevó a una merma en el patrimonio del ayuntamiento en un área tan sensible como el agua".

Según la jueza, con el canon se percibieron 3,7 millones entre abril de 2003 y marzo de 2015. La afectación de este canon pagado por Agissa se puso de manifiesto tanto en un informe del secretario municipal de julio de 2017 y un dictamen pericial de la Intervención General del Estado, que decía que ello afectaba "al servicio público y debe reveritr al propio servicio objeto de la concesión".

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