La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona el permiso de 72 horas que la juez de vigilancia penitenciaria autorizó al expresidente de la ANC Jordi Sànchez, al considerar que el interno no asume el delito ni muestra "actitudes de cambio" para asumir la responsabilidad de los hechos.

En su recurso, el ministerio público pide a la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona que revoque el permiso que la cárcel de Lledoners propuso para Sànchez, del que el interno no ha disfrutado todavía, mientras este no se someta a un programa de tratamiento específico para el delito de sedición por el que fue condenado.

Como ya hiciera en el caso de Cuixart, la Fiscalía ha recurrido el permiso de 72 horas de Sànchez, al que pueden acceder los presos que hayan cumplido una cuarta parte de la condena, porque entiende que es difícil "detectar una posibilidad de reeducación y reinserción" en quien no asume la comisión de los hechos por los que fue condenado.

Para el fiscal, el hecho de que en las cárceles catalanas no exista un programa específico de tratamiento para condenados por sedición "no es ni puede ser obstáculo" para que se aborde la situación de esos reclusos de forma adecuada, lo que implica "que como mínimo se ha de hacer un abordaje individualizado".

El escrito subraya que no pueden considerarse como actividades tratamentales las que Sànchez está siguiendo en prisión, como son las de inglés o promotor cívico, sino que debería seguir un programa específico que "le ayude a comprender que para alcanzar los fines que pretende, legítimos en la generosa Constitución española, no hay otra vía que la de la modificación legislativa" por los cauces legales.

Según recuerda el fiscal, el interno "no ha sido condenado por reivindicar el derecho a decidir sobre la situación de Cataluña, lo que, repetimos, es totalmente legítimo y respetable, sino por haber hecho tal reivindicación fuera de los cauces legalmente establecidos".

Remitiéndose a unas declaraciones de Jordi Sànchez en las que aseguró que no pensaba pedir el indulto, la Fiscalía concluye que no se puede considerar reeducado al expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, "puesto que solo cuando se asume la responsabilidad, el peligro de recaída en otros episodios delictivos se aleja de manera rotunda".

En el caso de Sànchez, condenado a nueve años de cárcel, el fiscal cree que no se aprecia "la más mínima modificación de aquellos aspectos de la personalidad relacionados con su actividad delictiva", sin que hayan presentado "actitudes de cambio ni evolucionado en ninguna línea".

A la luz de los informes de los psicólogos que lo han tratado en prisión, el fiscal concluye que el interno "valora su conducta como una expresión de defensa de los derechos fundamentales, sin uso de la violencia", lo que a su parecer "es contrario" a los actos por los que fue condenado, que protagonizó "aprovechando su indiscutida capacidad de liderazgo" como presidente de la ANC.