Celaá promete "presencia equitativa de alumnos"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, insistió ayer en que la nueva ley educativa -que inicia ahora su andadura parlamentaria tras ser aprobada en el Consejo de Ministros- elimina la segregación de alumnos en función de muchos motivos, entre ellos, su origen socio económico. "Queremos que los alumnos tengan las mismas oportunidades y haya una presencia equilibrada del alumnado. Es una ley que busca la justicia y la equidad. Eso no se debe confundir con una resta de libertad para los padres", explicó en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. La libertad de los padres es, precisamente, el argumento en el que se escudan los dos partidos más contrarios a la propuesta educativa del PSOE: PP (que anunció ayer una enmienda a la totalidad) y Cs. A pesar de los encontronazos, Celaá siempre se ha mostrado optimista respecto a la negociación parlamentaria de la ley. En todo caso, dado los plazos habituales en el Congreso y el Senado, es difícil que la nueva norma entre en vigor el curso que viene. "La ley no implica medidas proteccionistas sino inyecciones de calidad en el sistema educativo", subrayó la ministra, que destacó la incorporación de medidas de flexibilización para estudiantes con necesidades educativas especiales.

Celaá destacó que la norma defiende la educación pública como "eje vertebrador del sistema educativo" junto con "un importante sector de la escuela concertada que cumple sus fines sociales". Celaá matizó que el texto puede experimentar cambios en la tramitación del Congreso y el Senado, pero tal y como está redactado ahora mismo, se especifica que "preferentemente se concertarán aquellos centros que no separen a los alumnos por razón de sexo".

Un solo suspenso

El proyecto del Gobierno organiza en tres ciclos la educación primaria y elimina los itinerarios de 4º de la ESO, de forma que cualquier opción conduce al mismo título de graduado en Secundaria. También introduce evaluaciones de diagnóstico en 4º de primaria y 2º de la ESO. Se apuesta por la actualización de los currículos, dejando a un lado los "contenidos enciclopédicos y memorísticos". Excepcionalmente, se podrá obtener el título de Bachillerato con un suspenso (uno solo).

Otro punto de fricción con los partidos más conservadores es el tratamiento de la asignatura de Religión, que se seguirá ofreciendo en las escuelas pero no contará para el cálculo de la nota media y, además, los estudiantes que no la cursen no tendrán asignatura alternativa. Preguntada sobre este punto y sobre la posibilidad de que Unidas Podemos hubiera querido ir más allá en el proyecto de ley, la ministra de Igualdad, Irene Montero optó por no hacer ningún comentario al respecto y remitirse a las palabras de Celaá. El proyecto sí que incorpora una asignatura de educación en valores cívicos y éticos.

Más presupuesto

El proceso de transformación que implica la reforma educativa (conocida por las siglas LOMLOE) conlleva un aumento de presupuestos. Por eso, la intención del Gobierno es "incrementar progresivamente" la inversión en Educación hasta alanzar el 5% del PIB -histórica reclamación de los sindicatos- en el año 2025.

La ley es "respetuosa con la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional" y recupera el modelo de desarrollo curricular compartido entre el Gobierno y las autonomías: un 55% de los contenidos y las materias serán competencias del Estado en las comunidades con lengua cooficial y en el resto, un 65%. "Los alumnos terminará la educación obligatoria conociendo el castellano y la lengua cooficial de su comunidad", reiteró Celaá.