El Tribunal Supremo ha impuesto a Vox una fianza de 12.000 euros si quiere continuar con la querella que interpuso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la exministra de Justicia y próxima fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por un delito de tráfico de influencias.

Vox les acusó en su querella por haber presionado presuntamente a la Abogacía del Estado para que avalara la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras -actualmente en prisión-, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que consideró que debía haber sido reconocido como eurodiputado.

Antes de entrar en el fondo del caso y decidir si admite la querella, el Tribunal Supremo recuerda que la acción popular "lleva consigo la prestación de una fianza, que deberá ser proporcionada y equitativa", que fija en 12.000 euros a depositar en metálico en un plazo de ocho días.

Una medida que ya ha tomado en otras ocasiones respecto a Vox, como cuando le impuso la misma fianza al querellarse también contra Sánchez por un supuesto delito de falsedad documental en relación a su tesis doctoral, un caso que no se llegó a admitir.

Tónica general

Fuentes del Supremo indican que esta medida forma parte de la tónica general del tribunal, y que en los últimos años se ha generalizado la imposición de una fianza de 12.000 euros.

Ha ocurrido con otras querellas como la que presentó el PCE contra el Rey Juan Carlos por las revelaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein en una conversación con el excomisario José Villarejo, o la de UPN contra la consejera María Solana en relación con la okupación del Palacio del Marqués de Rozalejo, ambas archivadas.

En su auto, el Supremo expone que al no haberse acreditado "en absoluto" al condición de "perjudicado, agraviado u ofendido" de Vox "por los delitos imputados", considera a la formación como acusación popular.

Vox denunció que se ordenó que el escrito de alegaciones a la sentencia del TJUE se adaptara a las exigencias de ERC para que Sánchez formara Gobierno, directrices que fueron cumplidas, "tal y como han denunciado los propios abogados del Estado", según el partido.

Más tarde amplió los hechos de la querella e incorporó el anuncio del nombramiento de Delgado como próxima fiscal general del Estado.