Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat del mismo nombre, negó categóricamente ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, haber cobrado cualquier tipo de comisión de la venta de la sociedad Grand Tibidabo, que quebró en diciembre de 1999 y cuyos actuales propietarios le atribuyen un delito de blanqueo de capitales a través de las cuentas en Andorra de la familia.
A petición de esta acusación popular, el juez le citó para aclarar un ingreso en sus cuentas en Andorra de 8.532.409 pesetas el 1 de agosto de 1991, solo seis días después de la venta de la sede social del Consorcio Nacional de Leasing (CNL), origen de la sociedad Grand Tibidabo, a la Generalitat por 252 millones. El 29 de julio un cheque por valor de 9.365.000 pesetas fue cobrado por Catalana de Mitjans i Edicio SA, vinculada a Joan Anton Sànchez Carreté, asesor fiscal de los Pujol. Un informe policial relaciona ambos ingresos como el cobro de comisiones.
El hijo mayor del matrimono Pujol-Ferrusola desmarcó su ingreso de Grand Tibidabo y lo vinculó con los beneficios obtenidos por la venta de un producto financiero que llamó láminas financieras, al que ha atribuido sus ingresos en el Principado desde que comenzó la investigación en su contra en 2012.
Pujol Ferrusola se negó a contestar a preguntas de la acusación popular que ejerce Podemos y la de Grand Tibidabo, de la que se ocupa el despacho catalán Miralbell, mientras que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado renunciaron a hacerle pregunta alguna. El abogado de la empresa, Jesús Trillo, presentará en el juzgado las preguntas que tenía preparadas para realizarle.
Mantener acusación
De la Mata recuerda en su auto que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya resolvió mantener la acusación que ejerce Grand Tibidabo, "en proceso de liquidación, pero no liquidada", desde antes del acuerdo de liquidación de la entidad, de modo que "indiscutiblemente se mantienen las capacidades de la parte para atender las situaciones y relaciones jurídicas pendientes", en relación con los delitos investigados. Por la venta de Grand Tibidabo Javier de la Rosa fue condenado a tres años de cárcel. El testigo citado por el magistrado en relación con esta venta había fallecido.
