El que fuera 'número dos' del teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena en la investigación judicial del referéndum ilegal ha afirmado este martes en el juicio contra la ex cúpula de los Mossos d'Esquadra que los investigadores creyeron que el mayor José Luis Trapero asesoró, "pero no de manera consciente", en materia de seguridad al Govern de Carles Puigdemont durante el proceso independentista de Cataluña.

El secretario de los atestados de la investigación sobre el 1-O ha comparecido como testigo en la décima sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional donde ha explicado los análisis que realizó él junto a un equipo del documento 'Enfocats', que marcaba la 'hoja de ruta', y la conocida agenda Moleskine incautados en el domicilio de Josep María Jové, el que fuera mano derecha del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (condenado por sedición por el 'procés').

A preguntas de fiscal, el investigador ha recordado que en el 'Enfocats' aparecen dos comités, el Estratégico y el Ejecutivo, formado por "gente con alta capacitación en determinadas materias necesarias para poder llegar a declarar un Estado independiente". En este sentido, ha apuntado que la Guardia Civil consideró que "alguien" de los Mossos d'Esquadra tenía que estar asesorando al Comité Estratégico.

Preguntado directamente por el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo sobre "quién asesoraba y sobre qué", el subordinado de Baena ha indicado que creían que era Trapero -que se enfrenta a 11 años de prisión por el delito de rebelión-, ya que al designarle como mayor, se le estaba "blindando", ya que se trata de "una figura vitalicia y puede durar hasta que... acabe". Ha añadido que en el momento de su nombramiento el "escenario se va preparando" y que los investigadores pensaban que estaba aconsejando "pero no de manera consciente, en materia de seguridad".

El testigo participó en el registro de la nave de Bigués i Riells, donde se incautaron miles de papeletas para el 1-O, y en la sede del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), donde incautaron numerosos ordenadores, teléfonos, servidores para impedir el referéndum en el marco del mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que provocó, según ha dicho, la implantación de un "censo universal".

Asimismo, sobre el 20 de septiembre de 2017 en el que la Guardia Civil practicó más de 40 registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, y ha destacado que lo que ocurrió ese día era "totalmente distinto" a las diligencias que se habían hecho con anterioridad en Cataluña. "Jamás hemos tenido concentraciones de 10.000 personas", ha dicho.

Preguntado sobre si la Consejería de Economía, donde se concentraron 40.000 personas, era algo "decisivo", el testigo ha precisado que era "importante" porque allí se encontraba el despacho de Jové, que se encargaba de los procesos electorales, y del secretario de Hacienda de Cataluña, Josep Lluís Salvadó, en donde se encontraron documentos que señalaban que el despliegue de la policía autonómica era "primordial" para el "control del territorio", pues se trata de un Cuerpo con competencias en seguridad pública y armado.

Cordón de voluntarios

Sobre las "excepcionalidades" que se produjeron el 20-S, el 'número dos' del jefe de la investigación sobre el referéndum, ha destacado que los concentrados en el domicilio de Jové intentaron "coger", "agarrar", a ese detenido para librarle de la Guardia Civil, según le comentaron sus compañeros, y que no pudieron llevarlo hasta la Consejería para presenciar el registro de sus dependencias porque no se podía garantizar su entrada con seguridad. "Hablaban de cosas extrañas, de un pasillo de voluntarios de la ANC (*) en otras investigaciones ni se plantearía esa situación", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que le sorprendió que los Mossos d'Esquadra no fueron "capaces" realizar un cordón policial a los vehículos de la Guardia Civil, ni garantizar la llegada de los detenidos pero sí el acceso "sin problemas" de Junqueras con "sus escoltas", que pertenecen al Cuerpo dirigido por Trapero, según ha indicado. Es "algo anacrónico", ha agregado.

Asimismo, el testigo ha apostillado que normalmente el canal de comunicación para la coordinación con otros Cuerpos es él y que ese día fue "excepcional" porque no fue él quien ejerció de enlace, pues las peticiones que hicieron los mandos del Instituto Armado encargados del dispositivo policial en la Consejería dejaron de ser atendidas por parte de los Mossos, a partir de las 9.15 horas, por lo que se vieron obligados a requerir la ayuda por escrito, vía correo electrónicos.

Gran parte del interrogatorio del fiscal se ha centrado en atestados y correos electrónicos enviados o recibidos por Trapero, que han sido analizados por los investigadores de la Guardia Civil, y que en numerosas ocasiones se ha visto interrumpido por preguntas sobre mensajes que no han sido incorporados a la causa o dificultad de encontrar sus referencias en informes o en los tomos del sumarios.

Correos electrónicos

Entre ellos, el testigo ha explicado que se analizaron todos los correos electrónicos que la Comisaría de Información de los Mossos mandaron al mayor con "boletines de inteligencia" o informes de valoración desde el mes de agosto sobre posible escenarios de riesgo en el 1-O y desarrollo de acontecimientos.

En ellos se relataban las reuniones con el fiscal superior de Cataluña y sus instrucciones los días previos al referéndum; la previsión de que la "soberanía independentista" preveían mantener los colegios "ocupados", la posibilidad de encontrar en los centros de votación a familias y "vallas humanas para defender las urnas", la posible acción de los Comités de Defensa de la República (CDR) o la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

"¿Estaba todo previsto?", ha querido saber el fiscal Carballo, a lo que el secretario de los atestado ha contestado afirmativamente y ha opinado que la policía autonómica actuó con "ortodoxia, inteligencia básica de mucha calidad, pues relataban lo que era el estado de aquellos días" para la toma de decisión.

Lo que sí ha resaltado este investigador es que Trapero trasladar todo, incluso los documentos relacionados con la policía judicial, a los otros dos acusados, el ex secretario general de Interior César Puig y el exjefe político de los Mossos Pere Soler -para quienes Fiscalía pide la misma pena que para el mayor-, así como al exconsejero de Interior Joaquim Forn -condenado por sedición-.

Por último, ha destacado que en el denominado 'plan Ágora', dispositivo de seguridad que se aplicó para garantizar la seguridad ciudadana ante posibles incidentes sociales, hay un punto que "puede ser extraño". Ha recurrido a un correo electrónico sobre el acta de la reunión para implantar este dispositivo en el que el responsable de escoltas de los Mossos pregunta si debe informar a la Fiscalía si ven que alguno de los consejeros o dirigente escoltado realizan algún acto ilegal a favor del referéndum, a lo que Trapero instó que a un "superior".

En la jornada de este martes también ha comparecido uno de los guardias civiles que analizaron el estado de los vehículos del Instituto Armado que quedaron 'encerrados' el 20-S y sobre los que ha dicho que estaban "considerablemente dañados". También un agente que realizó el informe sobre las comunicaciones por radio de los Mossos, que ha ratificado, indicando, a preguntas de la defensa de Trapero, que valoró aquellos que su equipo señaló como de "interés" para la investigación.