El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado abrir una nueva investigación al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desoír una orden suya que le obligaba a retirar del Palau de la Generalitat una pancarta de apoyo a los políticos presos con un lazo amarillo.

En un auto, la sala civil y penal del TSJC abre la nueva causa al presidente catalán, al considerar que presuntamente "se negó" a retirar una pancarta de apoyo a los políticos presos, hasta que lo hicieron los Mossos d'Esquadra por orden del alto tribunal.

Dicha orden fue dictada, como medida cautelar, por la sala contenciosa del TSJC, a raíz de una demanda presentada por la asociación Impulso Ciudadano que pedía que se descolgara la pancarta y el lazo del Palau para mantener la neutralidad del edificio permanentemente, no solo en período electoral.

Esta es la segunda causa que la justicia abre al presidente catalán por negarse a retirar símbolos de apoyo a los políticos presos de los edificios públicos, después de la que el pasado mes de diciembre le acarreó una condena a año y medio de inhabilitación, en una sentencia que todavía no es firme.

Torra hizo oídos sordos del ultimátum

A raíz de una demanda de Impulso Ciudadano, asociación liderada por el exdiputado de Cs en el Parlament José Domingo, la sala contenciosa del TSJC ordenó el pasado 20 de septiembre a Torra que retirara la pancarta, con el lema 'Libertad presos políticos y exiliados' y flanqueada con un lazo amarillo, al considerar que debe garantizarse la "neutralidad institucional" del edificio.

El presidente de la Generalitat, no obstante, desoyó el ultimátum de 48 horas que le dio el tribunal y recurrió en paralelo la orden, tras lo que el TSJC dictó un nuevo requerimiento en el que instaba a los Mossos d'Esquadra a retirar los símbolos de apoyo a los presos del Palau "de forma inmediata".

Según mantiene el TSJC en su auto, Torra "se negó a hacerlo o a dar las instrucciones para que se cumpliera el mandato judicial", de forma que el 27 de septiembre la pancarta seguía en la fachada, y fue el comisario general del cuerpo de Mossos d'Esquadra quien la retiró por orden del tribunal, "dos días después de que se produjera el requerimiento judicial".

Tras la retirada de la pancarta, cuatro activistas independentistas, los exdiputados Lluís Llach y Antonio Baños, la actriz Silvia Bel y la portavoz de la plataforma Som Escola, Teresa Casals, desplegaron otra con el lema 'Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos'. La sala civil y penal ha resuelto abrir la nueva investigación a Torra, después de que tanto la Fiscalía, como Impulso Ciudadano y la Generalitat hayan reconocido su competencia para hacerlo.

A raíz de la condena del TSJC a Torra por desoír la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos, pendiente de ser ratificada por el Supremo, el árbitro electoral acordó retirarle la credencial de diputado del Parlament, lo que la semana pasada provocó una crisis entre JxCat y ERC que llevó al presidente catalán a anunciar la convocatoria de elecciones una vez se aprueben los presupuestos de la Generalitat.

La respuesta de Torra

En un comunicado, Torra ha denunciado que "los tribunales de justicia continúan su causa general contra el independentismo motivada por razones políticas".

En este caso, señala, la pancarta "no se prohibía durante el periodo electoral" sino que "se obligaba a retirarla del balcón del Palau de la Generalitat con carácter general y permanente", por lo que "se demuestra que el problema no era el periodo electoral ni la neutralidad de las instituciones en una campaña electoral", sino que "el Estado español tiene un problema con la libertad de expresión y la defensa de los derechos fundamentales".

"Hay que denunciar una causa más guiada por la venganza y la ideología, que aleja cada vez más la justicia española de los estándares europeos", recalca el comunicado.

La defensa de Torra "tomará las decisiones oportunas contra este nuevo ataque judicial que será instruido por el mismo magistrado que en la ocasión anterior".

Por otra parte, a tres días de que se celebre la reunión prevista entre Torra y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha exigido la presencia de un "mediador" en la futura mesa de diálogo entre gobiernos, ante la falta de "confianza" entre los interlocutores.

El líder del PSC, Miquel Iceta, considera que el Govern exhibe una "desconfianza inaceptable" al pedir un mediador para la mesa de diálogo: "Si no hay confianza, ¿por qué se reúnen?".