La Fiscalía Anticorrupción considera que Rafael Ribó, el Sìndic de Greuges de Cataluña, pudo cometer un delito de cohecho impropio al aceptar la invitación de un empresario para acudir a ver la final de la Champions League entre el Barcelona y la Juventus de Turín que tuvo lugar el 6 de junio de 2015 en Berlín. Así lo ha remitido al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en un informe que ha conocido EL PERIÓDICO.
Aquel viaje en avión privado costó 39.900 euros, según las facturas descubiertas por la Guardia Civil, y fue pagado íntegramente por tres empresas de Jordi Soler, un empresario catalán investigado en la trama del 3 por ciento y que ha confesado ante el juez haber entregado dinero a fundaciones próximas a Convergència Democrática de Catalunya a cambio de conseguir contratos de obras públicas.
El fiscal considera que Rafael Ribó "no solo aceptó" la invitación del empresario, sino que además tomó "la iniciativa" y pidió que acudiera también su hija, lo que finalmente sucedió. Considera que la actuación del Sìndic de Greuges pudo incurrir en un delito de "cohecho pasivo impropio", castigado con entre seis meses y un año de cárcel y suspensión de empleo público de hasta tres años. En una comparecencia parlamentaria, Ribó afirmó que se trataba de un asunto "personal" y que había pecado de "exceso de confianza". Ahora el juez de la Audiencia Nacional estudiará la petición de Anticorrupción y, si ve indicios de delito como el fiscal, trasladará el caso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, dado que Ribó es aforado.
La hermana de Guardiola
En aquel avión privado, un Dassault Falcon 900EX viajaron también el ex diputado de CDC Ramón Camp y su esposa, Francesca Guardiola, hermana del entrenador de fútbol y que en aquellas fechas era subdirectora de Relaciones Exteriores del Govern de Artur Mas.
El empresario Soler también invitó al partido a Josep Antoni Rosell, que era director general de Infraestructures.Cat, la empresa de la Generalitat encargada de proyectar, construir y gestionar las grandes obras públicas. Los 14 viajeros salieron del aeropuerto de El Prat el 6 de junio de 2015 a las doce de la mañana y llegaron a Berlín a las dos y diez de la tarde. Regresaron a Barcelona después del partido, que acabó con la victoria del Barça por 3-1.
Viaje "comercial"
El fiscal anticorrupción José Grinda, que investiga la trama del 3 por ciento, considera que la invitación a Ribó no tuvo "naturaleza social ni amistosa". De hecho, en el sumario consta un mensaje que el empresario envió el mismo día del partido a un amigo y en el que le escribe: "Ahora estoy en Berlín. No le digas a nadie. Ya te explicaré. Viaje "comercial".
La Guardia Civil recuperó varios mensajes más y hasta una foto del grupo realizada a la entrada del avión, durante el viaje, como publicó EL PERIÓDICO el pasado mes de agosto. En uno de ellos, tres días antes del partido, el ex diputado Ramón Camp, uno de los invitados, escribe a Soler: "El Rafael tiene una entrada proveniente del Barceló y me pregunta si hay plaza para su hija". Soler responde: "Oki. Ahora ya somos 14 y 14". Tras el partido, Camp vuelve a escribir al empresario. "Muchas gracias Jordi por hacernos posible vivir un día tan único".
Los informes de la Guardia Civil recogen que los participantes en la trama del 3 por ciento "realizaban a personas del entorno del partido político" invitaciones para asistir a eventos de ocio como fútbol y teatro. Respecto a Jordi Soler, afirma que "agasaja a directivos de CDC y/o responsables políticos facilitándoles entradas para asistir a partidos de fútbol".
Conseguir influencia
El caso del viaje a Berlín fue, según los investigadores, un regalo "de especial relevancia" por el "gran desembolso económico" que supuso para el empresario. Todas esas invitaciones pretendían obtener "un trato favorable" de las autoridades y conseguir "cierta capacidad de influencia" para que le concedieran obras públicas en Catalunya.
La Audiencia Nacional investiga ocho obras concedidas al empresario Soler, que donó 664.604 euros a fundaciones próximas a Convergencia entre 2008 y 2015. Se trata de un ambulatorio en Mataró, el mantenimiento de edificios escolares en Barcelona, las obras del instituto Lluís Peguera en Manresa, la construcción de un centro cívico en Sant Fruitós de Bages, el mantenimiento del Instituto de Seguridad Pública de Catalunya (ubicado en Mollet del Vallés), la rehabilitación de un pabellón del hospital de la Santa Creu y Sant Pau, la urbanización junto a bloques del Incasol en Sabadell y el servicio de alumbrado público en Tona. Solo los últimos cuatro contratos supusieron unos 6,5 millones de euros de ingresos para las empresas del Grupo Soler.
