El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha anunciado este lunes que calibrará "en el momento oportuno" la acusación al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y otros dos acusados por rebelión teniendo en cuenta la sentencia del TS que condenó a los impulsores del procés por sedición.

"La Fiscalía de la Audiencia Nacional es consciente de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y en el momento oportuno se considerará la conveniencia de calibrar la acusación que corresponde sobre estos hechos, pero este no es el momento procesal oportuno y por lo tanto no se va a hacer ninguna modificación en este momento", ha expuesto Carballo al responder a las cuestiones previas planteadas por las defensas al inicio del juicio.

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Trapero se enfrenta a la Audiencia Nacional

Trapero llega a la Audiencia Nacional./ José Luis Roca

A este respecto, su compañero Pedro Rubira, ha precisado que no solo existe la sentencia del Supremo contra la cúpula del procés, sino otras resoluciones del alto tribunal como la que condenó por desobediencia al expresidente catalán Artur Mas y a varios de sus consejeros por el referéndum del 9N de 2014.

Jurisprudencia toda ella que se tendrá en cuenta a la hora de plantearse una modificación en la acusación en esta causa, que, en todo caso, parece que se producirá al final del juicio, en la fase de exposición de las conclusiones definitivas de la Fiscalía.

En ese esta caso, ha añadido Rubira, se juzga el presunto "incumplimiento de los acusados" de varias resoluciones judiciales, y "se podrá decir lo que se quiera del Poder Judicial, pero cuando se incumplen las normas, el Poder Judicial actúa, bien sea en el "procés", en el tema de ahora o cuando se instruyeron los GAL".

Rebelión

Así pues, la Audiencia Nacional ha comenzado este lunes a juzgar el papel de los Mossos d'Esquadra en el procés, por el que responderán como acusados sus máximos responsables durante el 1-O: el mayor Josep Lluís Trapero, su jefe político Pere Soler y el que fuera segundo en la Consellería de Interior, César Puig.

Los tres se sentarán en el banquillo por un delito de rebelión, por el que la Fiscalía pide a cada uno 11 años de cárcel, mientras que una cuarta acusada, la intendente de los Mossos Teresa Laplana, se enfrenta a 4 años de cárcel por sedición por su actuación durante el cerco a la Consellería de Economía el 20 de septiembre de 2017 con motivo de un registro judicial para frenar el 1-O.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía relata cómo entre septiembre y octubre de 2017 los acusados "constituyeron una pieza clave para, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los Tribunales de Justicia con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista".

En ese plan, dice el escrito, cobró especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos d'Esquadra, "imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum, dedicándose a funciones impropias de un cuerpo policial como fue la realización de seguimientos a otros cuerpos policiales, entorpecer su labor y en algunos casos, incluso, oponerse físicamente".

Antes de ser juzgado, Trapero accedió a declarar como testigo en el juicio del procés en el Supremo y allí desveló por primera vez que se ofreció para detener al expresidente Carles Puigdemont y a los consellers tras la declaración de independencia y que instó en dos ocasiones al Govern a cumplir la legalidad porque la policía autonómica no rompería con la Constitución.

También reiteró como testigo la versión que ofreció en la Audiencia Nacional, donde compareció tres veces durante la instrucción, la primera de ellas vestido con su uniforme policial.