La diputada de Unidas Podemos Victoria Rosell se convirtió ayer en la primera dirigente canaria en entrar en el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez al haber sido designada delegada del Gobierno para la Violencia de Género, un puesto de segundo nivel en el organigrama de la administración pero de evidente relevancia política por la trascendencia social que tiene el drama de las decenas de mujeres que cada año mueren víctimas de la violencia machista a manos de sus parejas o exparejas, 55 durante el 2019, ya dos casos en los que va de año y un total de 1.035 desde que se inició este recuento en 2003. La lucha contra esta lacra se ha convertido en uno de los ejes de actuación del gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, y Rosell afrontará la tarea de poner en práctica todas las medidas que en este sentido han pactado ambas formaciones políticas y que el propio Sánchez mencionó en su discurso de investidura.
La diputada canaria, que logró el escaño en las elecciones del 10-N como cabeza de lista por Las Palmas, ha sido uno de los nombres que se barajó desde el principio para integrarse en alguno de los puestos que asumía su formación política en el reparto de áreas ministeriales. La jueza titular del Juzgado número 8 de Las Palmas, ahora en excedencia, sustituye en el cargo a Rebeca Palomo, y quedará encuadrada en el organigrama del Ministerio de Igualdad que gestionará como titular Irene Montero. Pese a disponer de un perfil profesional que la podría haber colocado en el Ministerio de Justicia, tal como anunció el propio Iglesias cuando la fichó en 2015, el veto del PSOE a que su socio de gobierno asumiera alguno de los llamados ministerios de Estado (además de Justicia, los de Exteriores, Interior o Defensa) la descartó para ello desde el primer momento.
Rosell deberá dejar su escaño en el Congreso, donde la sustituirá la número dos en las listas por Las Palmas, la secretaria estatal de Plurinacionalidad y Diversidad Territorial de Podemos, Mery Pita. En su caso existe una incompatibilidad por ley, pero los cuatro ministros de la formación que son diputados (todos excepto el de Universidades, Manuel Castells) van a mantener su acta, así como quienes asuman alguna secretaría de Estado, porque los de Iglesias no quieren arriesgarse a sacar del Congreso a sus primeras espadas hasta ver cómo funciona la coalición con los socialistas. En unos meses evaluarán si los altos cargos deben renunciar o no, como sucede tradicionalmente en el PP o el PSOE.
Desde su nuevo puesto, Rosell asume como primera y principal tarea poner en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017 pero cuyas medidas y contenido están muy lejos de haber tomado una velocidad de crucero en su aplicación. Entre esas medidas se encuentran mejorar y ampliar la formación de jueces y juezas, la verificación y recuento de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas y ex parejas, y avanzar en la aplicación del Convenio de Estambul, que España firmó en 2004, para confeccionar una nueva estadística de violencia machista paralela a la existente que incluya víctimas que no tenían relación directa con sus asesinos.
La tarea desde los despachos a que se enfrenta Rosell se deberá necesariamente complementar con un trabajo político de mensaje a la sociedad frente al discurso negacionista que en este sentido está tratando de difundir la cada vez más influyente ultraderecha y su expresión política y parlamentaria de Vox.
Rosell ya entró de lleno en ese debate de forma directa a través de su cuenta en Twitter el pasado día 7, tras la segunda y definitiva sesión de investidura de Sánchez. "Mientras la ultraderecha niega la violencia machista en el Congreso, muchas traemos la dignidad colectiva del feminismo y la verdad", señalaba en un tuit la diputada antes de sentirse "orgullosa" de mostrar las dos mariposas moradas que teje Itziar Prats, la madre valenciana que en septiembre del año pasado perdió a sus hijas, de seis y dos años, asesinadas por su ex marido. Esas mariposas moradas se han convertido en un símbolo de una lucha cuyo liderazgo desde las instituciones asume ahora Rosell.
Aunque sin militar en Unidas Podemos por su condición de magistrada, Rosell forma parte del núcleo más cercano a Pablo Iglesias y a la número dos del partido, la propia Montero, a cuya disciplina política ahora se somete. Fue el propio Iglesias quien la fichó en 2015 para las elecciones de ese año como una de las incorporaciones independientes con las que se quería resaltar el mensaje de regeneración política con el que la formación morada se estrenaba en unas legislativas nacionales. Rosell consiguió uno de los dos escaños obtenidos por Podemos en Las Palmas, junto al de Meri Pita, y fue designada por su grupo parlamentario portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso.
Pero su carrera política sufrió un parón por el contratiempo que le supuso una querella contra ella por parte del entonces ministro de Industria, y también diputado canario, José Manuel Soria, del PP, por un caso que había dirigido como jueza y cuya demanda fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo. Esto la llevó a renunciar a volver a presentarse a las elecciones, que se tuvieron que celebrar en junio de ese año por el bloqueo político producido en las anteriores, en cumplimiento con el código ético de Podemos, que impide concurrir a cualquier imputado. En diciembre de 2016 la causa contra Rosell fue sobreseída sin apreciarse delito, mientras que, por el contrario, la anomalía que suponía que Soria conociera detalles sobre el caso, al que no estaba vinculado, hizo que comenzara una investigación contra el juez Salvador Alba, quien posteriormente fue condenado por el TSJC a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental.
Rehabilitación política
Tras su rehabilitación política, Rosell volvió a dejarse seducir por los dirigentes de Podemos y concurrió, de nuevo como cabeza de lista por Las Palmas, a las elecciones de abril de 2019. Considera que "el momento es muy excepcional, y como magistrada feminista y progresista creo que España está en una situación complicada y que hay que actuar", según señaló ella entonces.
Antes de volver a la política y todavía en su función de magistrada, Podemos la propuso como candidata en el intento de renovación del CGPJ en noviembre de 2018 pero que finalmente se frustró. Contaba con el aval de Juezas y Jueces para la Democracia, organización profesional progresista a la que pertenece, y era una de las cuatro vocales que la formación morada reclamaba en su negociación con el PSOE para dar su aprobación en el Congreso a la nueva composición del pleno judicial. La entrada en liza como candidato a presidir el CGPJ del magistrado canario Manuel Marchena frustró primero que Rosell optara a una vocalía, y más tarde todo el proceso de renovación del órgano interno de los jueces.
Nacida en 1968 en Murcia por circunstancias del trabajo de su padre, ingeniero de Obras Públicas, Rosell creció y estudió en Valladolid y ha desarrollado toda su carrera como juez en Canarias, primero en La Orotava (Tenerife) y la mayor parte del tiempo en Las Palmas de Gran Canaria. Desde hace tiempo no pasaba inadvertida, no solo porque era portavoz adjunta de Jueces para la Democracia, por sus informes contra los abusos que sufrían los inmigrantes en los CIE (como juez, le tocó tutelar el de Gran Canaria) y por su posición combativa en la política que ahora va a dirigir: la lucha contra la violencia machista.
La delegación gubernamental que ahora asume Rosell fue prevista en 2004, durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, en la Ley Orgánica de Medidas de Protección contra la Violencia de Género y se integraba inicialmente en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En 2005 se creó ya oficial y formalmente con rango de dirección general y su primera responsable fue Encarnación Orozco. En abril de 2008 la delegación obtuvo su denominación actual al ser transferida al nuevo Ministerio de Igualdad, departamento que desapareció en 2010, pasando sus competencias con la misma estructura al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, departamento en el que se mantuvo hasta el 2018, cuando el primer Gobierno de Sánchez transfirió las competencias de igualdad al Ministerio de la Presidencia. Su presupuesto en los dos últimos años ha sido de 39,5 millones.
