La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha descartado paralizar de urgencia la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) que dejo sin efecto el acta de diputado del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por haber sido condenado ya por desobediencia por haberse negado a retirar los lazos amarillos del balcón del Palau de la Generalitat, confirmaron a 'El Periódico' fuentes jurídicas. Pese a eso, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha confirmado que Torra sigue siendo diputado al considerar que la JEC no es competente y que no existe la ineligibilidad sobrevenida.

La decisión de los cinco magistrados que componen la Sección Cuarta de la Sala Tercera se corresponde con la que adoptó este jueves respecto al presidente de ERC, Oriol Junqueras, cuya petición de suspender de forma cautelarísima (sin oír a las partes) la decisión del árbitro electoral también fue rechazada: no aprecia las razones de especial urgencia que se requieren para una suspensión de ese tipo, sin escuchar a la administración cuyo acuerdo se recurre, en este caso, la Junta Electoral Central y la fiscalía.

El grueso del recurso y la suspensión tras escuchar las alegaciones que presenten en un plazo de cinco días se resolverá ya sin la urgecia que requería el presidente catalán. Torra recurrió ante el alto tribunal la decisión que le veta la opción de ser diputado, alegando entre otros argumentos que la JEC "usurpa" las funciones del Parlamento y de los tribunales porque no es competente para retirarle el escaño. En su opinión, "es evidente que quien ha resultado elegido no puede convertirse en inelegible en relación con un proceso que ha concluido". Además, afirma que solo puede actuar dentro del periodo electoral, y por otro, apunta que su función nunca es retirar la credencial, sino decidir previamente si un candidato es elegible o no.

La JEC acordó que el actual marco legal permite la decisión de quitar el acta de diputado a Torra, en función de la reforma de la ley de régimen electoral del 2011, que declara inelegible a quien tiene una condena de suspensión de cargo público por sentencias relativas a delitos contra las instituciones del Estado que conlleven inhabilitación o suspensión para empleo o cargo público, aunque, como en el caso de Torra, no exista todavía sentencia firme. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le condenó a año y medio de inhabilitación por desobedecer a la JEC y mantener durante unos días la pancarta con el lazo amarillo en campaña electoral.

La Sala de lo Contencioso, tras analizar el escrito de Torra, afirma que a pesar de su extensión, 94 folios, no concreta qué circunstancias de especial urgencia concurren para adoptar en este momento la medida que se pide, en lugar de esperar a la resolución normal de esta pieza de medidas cautelares.

Añade que las alegaciones sobre el carácter arbitrario e ilegal o radicalmente nulo de la decisión de la Junta, son cuestiones que afectarían al fondo del recurso o en su caso a la resolución normal de esta pieza de suspensión, pero no justifican en ningún caso la adopción de una medida cautelarísima sin escuchar a las demás partes.

Ahora la Sala estudiará si procede la medida cautelar ordinaria de suspensión del acuerdo de la JEC, que a diferencia de la cautelarísima abre un plazo para que la Junta Electoral y la Fiscalía aleguen lo que estimen pertinente. En este caso se ha reducido a 5 días, la mitad del plazo normal de 10 días que establece la Ley.

Torra: "Soy presidente de Cataluña"

Con desacato y unidad independentista, por el momento. Así ha respondido el 'president' Torra a la decisión del Supremo de no suspender cautelarmente y por tanto permitir que saque adelante la orden de la Junta Electoral Central por la que debe dejar de ser diputado en el Parlament tras la sentencia de inhabilitación por la polémica de los lazos amarillos. Sentencia todavía no firme. Torra ha convocado primero al presidente del Parlament, después a los grupos independentistas y finalmente al Govern para blindarse y comparecer junto a ellos -salvo Roger Torrent, presidente del Parlament- y proclamar: "Soy diputado y 'president' de Cataluña", en virtud de la resolución votada por la Cámara el pasado sábado.

Torra ha hecho evidente el desafío con el que quiere poner al Parlament y la ley del Govern, frente a la resolución del órgano electoral estatal. Y no ha podido ser más claro: "No reconocemos los efectos de esta resolución, que es un golpe de Estado a la soberanía del Parlament y un intento de alterar por vías irregulares la voluntad de los catalanes".

Se cumplen así las previsiones de JxCat -y los temores en parte de este espacio- sobre la actitud de Torra a la hora de afrontar las consecuencias de la ya conocida actuación con el lazo amarillo en campaña electoral. Es decir, el 'president' se niega a dejar de ser diputado e intentar mantener el cargo de 'president' -algo que según algunas interpretaciones es posible, y según el letrado mayor del Parlament, no lo es- y se aferra a todos sus cargos, con lo que de nuevo el foco de la posible actuación de desacato se centra en el Parlament que preside el republicano Torrent, con el que JxCat se ha enfrentado ya en varias ocasiones durante esta legislatura. "El Parlament es el único que puede decidir quién pierde la condición de diputado", ha proclamado, obviando la orden expresa de la JEC al respecto del propio Torra, y obviando que ya en esta legislatura se ha procedido a suspender funciones de parlamentarios por órden judicial.

Torra ha insistido en describir lo sucedido como un nuevo episodio de "la causa general contra el independentismo" y un "ataque sin precedentes a los derechos fundamentales de un cargo electo". En definitiva, una nueva "irregularidad democrática", a su juicio. Un discurso que ha finalizado con lo que podrían ser las condiciones de Torra en la mesa de diálogo con el Estado: "poner fin a la represión, reconocer el derecho a la autodeterminación, la amnistía de los presos" y el "libre retorno de los exiliados" y la garantía de los "derechos civiles y políticos" de los catalanes.

Apoyos y recurso

Torra ha hecho esta declaración institucional acompañado de todos los 'consellers' del Govern y de representantes de Junts per Catalunya, Elsa Artadi y Albert Batet, ERC, con Salvador Sabrià y la CUP, con Carles Riera y Vidal Aragonès. Un apoyo, el de los partidos soberanistas que será clave para ejecutar el siguiente paso de este conflicto jurídico-político: la decisión de la Cámara catalana de no ejecutar las instrucciones de la JEC. Mientras, Torra agota todas las vías y ha pedido a la Junta Electoral de Barcelona que suspenda la ejecución del acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) del 3 de enero, que indicó que tenía que ser inhabilitado, hasta que el Tribunal Supremo (TS) "se pronuncie sobre el incidente de medidas cautelares".

En un escrito recogido por Europa Press, Torra ha considerado que este incidente de medidas cautelares se ha iniciado con el auto del Supremo de este viernes. El presidente ha argumentado que la tutela judicial efectiva incluye la justicia cautelar y que esto conlleva que la Administración "tiene que excluir la ejecución administrativa de un acto ya sometido al régimen de tutela judicial cautelar".