Ciudadanos ha vuelto a registrar en el Congreso una proposición de ley que persigue que los prófugos de la justicia, como el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, no puedan presentarse a unos comicios.

Se trata de una reforma legal que los 'naranjas' ya presentaron en la Cámara Baja en febrero de 2018 y que han vuelto a resucitar y presentar este viernes, el mismo día en que Puigdemont y el exconseller Toni Comín han podido entrar en la sede del Parlamento europeo en Bruselas como eurodiputados electos después de que el Tribunal General de Unión Europea haya anulado esa restricción.

"Una imagen bochornosa" que, a juicio de la portavoz del partido en el Congreso, Inés Arrimadas, tanto los gobiernos del PP como el del PSOE se podían haber "ahorrado" si hubieran querido impulsar en su día esta reforma electoral. "Pero vemos con vergüenza cómo huidos de la justicia se pasean como si nada", ha apostillado.

Insistir para que no opte a la Generalitat

En todo caso, Arrimadas ha garantizado que Ciudadanos va a seguir luchando por que los fugados de la justicia no puedan ser candidatos a unos comicios y evitar así que Puigdemont pueda volver a aspirar a ser presidente en las próximas elecciones catalanas. "No tiene sentido que una persona que no da la cara ante la Justicia puedan ser un candidato y representante público", ha insistido.

La proposición de ley de los 'naranjas' señala que no es admisible que la huida que determina la declaración de rebeldía procesal no suponga en la legislación española "ninguna consecuencia" para desalentar la fuga o para incentivar el retorno al país de origen para ponerse a disposición de las autoridades judiciales.

De ahí esta propuesta con la que Cs pretende resolver este vacío y establecer los efectos aparejados a la declaración de rebeldía procesal y las consecuencias derivadas de su incumplimiento o de la colaboración de terceros para facilitar o hacer efectivo su incumplimiento.

Entre otras modificaciones, esta reforma contempla la necesidad de cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los fugados de la Justicia no puedan recibir sueldos ni subvenciones que les permitan mantenerse a la fuga.