Una vez dictada la sentencia del 'procés', que condenó, entre otros, a 13 años de prisión al presidente de ERC, Oriol Junqueras, era cuestión de tiempo que el Tribunal Constitucional retomara la deliberación y fallo de los recursos que fue admitiendo a trámite en relación con lo que pasó en Catalunya en el otoño del 2017.
Ante el riesgo de división entre sus magistrados, decidió aplazarlos para interferir lo menos posible en esa resolución; mes y medio después de conocerla, ya no hay motivo alguno para seguir sin resolverlos.
Por eso, el pleno de esta semana, que por cuestiones de agenda se celebrará el miércoles y el jueves, tiene previsto abordar al menos dos de los interpuestos por Junqueras: el que presentó contra su prisión preventiva y el relativo a la negativa del juez instructor de la causa, Pablo Llarena, de permitirle ir al Parlament a la sesión constitutiva.
Las propuestas de resolución que llevarán a la reunión los ponentes es fácil que no se puedan aprobar con la unanimidad que han caracterizado hasta ahora las resoluciones sobre el proceso independentista.
El ponente del recurso contra la prisión preventiva del líder de Esquerra es el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, que se muestra partidario de confirmar las resoluciones impugnadas. La del permiso para acudir al Parlament corresponde a Juan Antonio Xiol, que defiende dar la razón al político catalán condenado.
Antecedente
Pese a que el escenario ideal y deseable para cualquier resolución es que se obtenga por unanimidad, no suele ser algo tan habitual. En el propio Constitucional se rompió ya con Catalunya en julio. Los magistrados discreparon al resolver un recurso de Jordi Sànchez contra la sanción penitenciaria que le habían impuesto y tres de ellos acusaron al resto de eludir su propia jurisprudencia para no concederle el amparo.
En aquella ocasión, el Constitucional recondujo la situación, al retractarse los discrepantes en el siguiente pleno. Y sirvió para decidir postergar la resolución de los recursos del 'procés' hasta que el Supremo dictara su sentencia con el fin de no interferir de ninguna manera en ella.
Desde entonces el tribunal solo ha rechazado, y "por pérdida de objeto", los recursos presentados por Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull contra su suspensión de funciones como diputados. El motivo del rechazo fue técnico sin que los magistrados llegaran a debatir el fondo del asunto, pese a que fue admitido a trámite por su trascendencia constitucional y la inexistencia de jurisprudencia al respecto.
