Los cinco cargos pasados y actuales del banco, la mayoría responsables del área jurídica y de riesgos del BBVA, que estaban citados este martes como investigados por los encargos de espionaje que supuestamente hizo la entidad al excomisario José Villarejo, han optado por no prestar declaración.

Según han informado fuentes jurídicas, los cinco se han acogido al derecho a no declarar que asiste a los imputados, tal y como ya han hecho una decena de cargos y excargos del banco, que este verano se negaron a declarar con el argumento de que la pieza en la que se investiga la relación del BBVA con Villarejo permanece bajo secreto.

Se trata de Juan Asúa, asesor del actual presidente de la entidad, Carlos Torres Vila, y Eduardo Arbizu, exresponsable del área de Regulación y Control Interno, que dejó el banco a finales de julio, un día después de conocerse la imputación del BBVA como persona jurídica.

Junto a ellos, todos imputados por delitos de cohecho y revelación de secretos, también han acudido a la Audiencia Nacional Eduardo Ortega, exdirector de Servicios Jurídicos Contenciosos de BBVA y expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; Manuel Castro, exjefe de riesgos, y José Manuel García Crespo, exresponsable jurídico para España y Portugal de BBVA.

Estas cinco comparecencias se han producido un día después de que declarara como investigado el expresidente del BBVA Francisco González, quien en las dos horas y media que estuvo declarando se desvinculó de la actuación de Villarejo, al que siempre ha asegurado no haber conocido.

Mantuvo que "el grupo BBVA y sus directivos han trabajado siempre de manera íntegra y ejemplar", sin perjuicio, "de que hubiera alguna conducta individual de carácter irregular que yo en este momento desconozco", según el mismo manifestó a su salida de la Audiencia Nacional., FG, como se le conoce en el mundo económico, ha sido de los pocos que ha decidido responder sobre este asunto pese al secreto de las actuaciones.

Hasta ahora solo lo había hecho Antonio Béjar, expresidente de Distrito Castellana Norte (Operación Chamartín) -sociedad participada por el BBVA-, fue destituido a finales de julio a raíz de su imputación.

Béjar, que había sido director de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias de BBVA, explicó la primera vez que declaró que los servicios prestados por Cenyt para su área de responsabilidad estarían relacionados con el seguimiento de clientes morosos y tras esta declaración ha hecho alguna más.

La relación entre BBVA y Cenyt comenzó en 2004, cuando la constructora Sacyr intentó sin éxito hacerse con el control de la entidad por la supuesta recomendación de Julio Corrochano, exjefe de Seguridad del banco durante buena parte de la presidencia de FG y antiguo comisario de Policía. Corrochano ya compareció por estos hechos ante el juez, que le impuso una fianza de 300.000 euros.

García Castellón, que mañana miércoles interroga a un responsable legal del banco, tras su imputación en julio como persona jurídica, sospecha que "la cúpula" del BBVA consintió la contratación de Villarejo para tareas de información y espionaje, en vista del "beneficio personal y empresarial" que le podían reportar.

Se investigan en concreto las contrataciones por valor de varios millones del banco a Cenyt, que presuntamente habría espiado unas 15.000 llamadas telefónicas de políticos, periodistas, banqueros y empresarios.