Las furibundas descalificaciones que la sentencia sobre el 'procés' ha recibido desde el independentismo, tanto militante como institucional, han alentado los graves disturbios que se suceden en Cataluña desde el 14 de octubre, con algaradas callejeras, cortes de vía de comunicación y enfrentamientos con la policía, sin que pueda pronosticarse a corto o medio plazo cuándo se volverá a la normalidad, a la vista de la tolerancia del Gobierno del Estado con la actuación de una Generalitat indepe dedicada a echar gasolina al fuego de la confrontación de los violentos con el orden constitucional, una tolerancia que no tiene visos de enmienda, dada la anunciada disposición de los partidos nacionales de izquierda a integrar en el abrazo de posible investidura gubernamental a más de un oso secesionista.
Ante tal situación resulta pertinente recordar, pese a la obviedad de la afirmación, que el tribunal que ha dictado la sentencia no es el responsable de los altercados. La justicia debe aplicar la ley y no puede mirar para otro lado por el hecho de la falta de sintonía de sus decisiones con la voluntad de las personas que ostentan poder económico, político o social, incluidas las que disponen de capacidad de provocar revueltas. Si al contrario fuera la potestad jurisdiccional sería sustituida por el dominio de los poderosos y la ley cedería su espacio a la arbitrariedad. Como consecuencia de la claudicación judicial, el Estado de Derecho no sería reconocible como una realidad, antes al contrario, expresaría una promesa constitucional incumplida.
Nadie discute el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales, que puede formularse con la intensidad que se entienda oportuna en ejercicio de la libertad de expresión. Con tal fin se hacen públicas las sentencias, para que puedan ser sometidas a análisis y debate, libremente, no sólo en el ámbito académico y forense, sino también en los medios de comunicación y en cualquier foro de confrontación de opiniones. Todos -juristas y no juristas- tienen derecho a discutir la determinación de los hechos y la aplicación del derecho que el tribunal ha efectuado, unos para lamentar condenas que consideren injustificadas y otros para añorar una calificación legal de mayor contundencia. Pero lo que no resulta admisible es que, desde las instituciones autonómicas catalanas, puestas al servicio del independentismo por sus actuales dirigentes, la sentencia sea denostada como si fuera una herramienta ilegítima al servicio de una imaginaria represión autoritaria de la libertad. La invectiva, además de revelarse perversa por la agresividad que genera, parte de la paradoja de la implícita negación de la legitimidad de las mismas instituciones desde la que se difunde el mensaje, las instituciones públicas catalanas, cimentadas sobre la Constitución que rechazan y que ansían destruir desde dentro. Parece el reproche de los moradores de una casa que pretenden derruirla y se permiten tachar de reaccionarios a los vecinos que no quieren quedarse sin techo e intentaran impedírselo solicitando la tutela judicial.
Contó Caro Baroja que el Embajador del Reino Unido Samuel Hoare, ante una manifestación de protesta fingidamente espontanea que se desarrollaba frente a la legación diplomática que dirigía en Madrid, durante la II Guerra Mundial, al recibir una llamada de Serrano Suñer en la que le ofrecía reforzar el cordón de seguridad para evitar que continuara el lanzamiento de piedras, le contestó "no, no me mandé usted más guardias, prefiero que me mande usted menos estudiantes". Cierta o falsa la muestra de ironía y flema británica de la anécdota -negada por el Cuñadísimo-, la contestación sería muy apropiada como respuesta a la aparente esquizofrenia del Gobierno de la Generalitat ante la violencia que la ciudadanía ha tenido que sufrir como respuesta de los supremacistas totalitarios a la voz de la justicia que ha emanado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
En la actualidad, parece que los Mossos hacen su trabajo, pero no sería tan esforzado su desempeño si las instituciones autonómicas no se encontraran instrumentalizadas, debido a la acción de unos y la omisión de los otros, al servicio de la secesión.
Nicolás González-Cuéllar Serrano es Catedrático de Derecho Procesal y abogado.
