Apenas había cumplido un mes en el Gobierno cuando Pedro Sánchez anunció una de sus medidas estrella. Iba a ser el PSOE, partido que parió la primera ley de Memoria Histórica, el que exhumara los restos de Franco del Valle de los Caídos. Hasta le pusieron fecha: antes del verano de 2018. Pero con las trabas de la familia del dictador y los procesos judiciales que se cruzaron en el camino, lo que iba a ser verano pasó a ser "diciembre o enero", y ya por febrero, la vicepresidenta Carmen Calvo acabó reconociendo que la exhumación se produciría "cuando se pueda producir".
El visto bueno ha llegado a las puertas de la repetición electoral y permite al PSOE hacer bandera. Franco será exhumado con un Gobierno socialista, pero las asociaciones por la Memoria le recuerdan que la victoria es agridulce: queda mucho para exhumar los restos del Franquismo, como miles de fosas comunes, calles con nombres de falangistas o pueblos que se apellidan "del Caudillo".
En diciembre de 2017 los socialistas habían presentado en el Congreso una ambiciosa reforma de la Ley de Memoria Histórica que incluía la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, la creación de una "Comisión de la Verdad" en el Congreso, convertir el Valle de los Caídos en un centro nacional de Memoria y el traslado también de los restos de José Antonio Primo de Rivera. Entonces estaban en la oposición y en plena batalla con Podemos por erigirse como la verdadera izquierda. El Gobierno del PP la vetó antes de que llegara al pleno.
Memorial
Tras la moción de censura, Sánchez anunció la exhumación y aseguró que el Gobierno quiere que "el Valle se convierta en un memorial de las víctimas del fascismo y para la reconciliación". Pero apenas un mes después, se enmendó: "No debe ser un lugar que se deba resignificar, no puede ser un lugar de reconciliación, tiene que ser un lugar de reposo y, en consecuencia, un cementerio civil".
Pese al cambio de opinión, los socialistas retomaron su reforma de la Ley de Memoria esta vez desde el Gobierno e incluyeron de nuevo "resignificar su función". El nuevo texto no era tan ambicioso y decayó con el adelanto electoral. En los presupuestos que no lograron aprobar volvía a la idea del "cementerio civil".
Para los comicios del 28 de abril incluyeron en su programa de nuevo la reforma de la ley, y promesas como impulsar la búsqueda y exhumación de las personas desaparecidas, crear un censo de víctimas y reabrir la Oficina de Ayuda a Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. Las asociaciones de Memoria, que llevan al menos cuatro años escuchando las mismas promesas a los socialistas, las consideran incluso insuficientes.
Cajón de promesas pendientes
El PSOE incluyó además en su programa anular los juicios franquistas, parar las ayudas públicas a organizaciones que ensalcen el franquismo y retirar la simbología franquista. Los cambios de color de los ayuntamientos han parado cambios en el callejero, que aún conserva más de mil direcciones con nomenclatura fascista. Justicia pidió a los consistorios su retirada en febrero, pero con el fin de la legislatura no ha habido mayor seguimiento.
El Ejecutivo también creó una dirección general dentro de Justicia para la Memoria Histórica, que desde los comicios de abril está sin director. Con las Cortes ya disueltas, el organismo anunció un censo nacional de víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, de momento sin avances.
Otra de las medidas que se anunciaron a bombo y platillo, esta vez desde Interior, fue la retirada de las condecoraciones al torturador "Billy El Niño". "El texto normativo está desarrollado", llegó a decir el ministro Grande-Marlaska. De nuevo, los comicios la dejaron en el cajón de las promesas pendientes.
Ni siquiera la exhumación de Franco termina de gustar a las asociaciones de la Memoria. Que los restos vayan a Mingorrubio, de titularidad pública y en el que Patrimonio Nacional ha gastado miles de euros por el traslado, lo consideran una "agresión a las víctimas de la dictadura".
