El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha apuntado este miércoles a la "difícil situación" en la que, hipotéticamente se encontraría este órgano en el caso de tener que juzgar a otros encausados en la causa del 'procés' independentista en Cataluña --aludiendo sin citarlo a los huidos como el expresident dela Generalitat Carles Puigdemont-- debido al hecho de que 13 de los 15 magistrados que lo integran ya hayan tenido relación con este asunto en sus fases de instrucción o enjuiciamiento.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde ha presentado el proyecto para renovar el cargo por otros cinco años, Marchena ha apuntado a que a los 7 magistrados que han integrado la Sala del procés hay que sumar al instructor, Pablo Llarena, a los tres magistrados de la sala de recursos durante la instrucción, otro magistrado que sustituyó a uno de ellos que se puso enfermo y la juez Carmen Lamela --contaminada por haber instruido la causa contra el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero en la Audiencia Nacional--.
Marchena ha añadido que aunque quizá anticipa un debate jurisprudencial sobre este asunto, y de que existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que avalaría que los mismos siete magistrados que vieron la causa contra el exvicepresidente Oriol Junqueras y los otros 11 líderes independentistas pudiera enjuiciar a los huidos (sin citar expresamente a ninguna de estas personas) lo cierto es que esta circunstancia sitúa a la Sala de lo Penal del Supremo en una "situación difícil".
"En otro tipo de juicio quizá esto pueda resolverse, pero habrá que estudiarlo al tratarse en este caso de magistrados que han valorado a 500 testigos, 12 acusados, metros cúbicos de papel y que podría tener que volver a enjuiciar hechos similares con distintos protagonistas, ello nos sitúa en una situación difícil", ha explicado para añadir que aún desconoce si la solución podría pasar por sustituciones u otro modelo.
