La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo una vista en la que pedirá prorrogar la prisión provisional de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, acusados por rebelión en la causa del procés, en el caso de que la sentencia no se publicase antes del 16 de octubre, fecha en la que vencen los dos años de preventiva.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de la intención de la Fiscalía, que ya ha activado el trámite necesario para prorrogar la prisión preventiva del exlíder de ANC y ahora diputado suspendido JxCAT, y del presidente de Òmnium Cultural.

En su informe solicitando la vista, del que el tribunal ya ha dado traslado a las partes, la Fiscalía recuerda que se vulneraría el derecho a la libertad personal de los Jordis en el caso de que permanecieran en prisión provisional sin un auto en el que se acuerde la prórroga.

Los Jordis fueron los primeros en ingresar en prisión de forma preventiva el 16 de octubre de 2017, de modo que el plazo de los dos primeros años vence el próximo miércoles y para continuar en la cárcel sin sentencia sería necesario el trámite formal de la prórroga, por un periodo máximo de dos años.

La intención del tribunal del "procés" siempre ha sido dictar sentencia antes de esa fecha, si bien la Fiscalía ha optado por solicitar la vista por si los planes no saliesen según lo previsto.

Si la sentencia se publicase antes del próximo miércoles 16 de octubre y los Jordis fuesen condenados, la prisión preventiva finalizaría y éstos pasarían a ser presos reglamentarios.

En el caso de no tener fallo antes de ese día, el Supremo deberá celebrar la citada vistilla en la que escucharía los argumentos de las partes de cara a tomar una decisión sobre si siguen concurriendo los requisitos que siempre ha tenido en cuenta para mantener a los Jordis en prisión.

En cualquier caso, fuentes jurídicas apuntan a Efe que la intención del tribunal sigue siendo la de dictar sentencia antes del próximo martes.

El ministerio fiscal pide para ambos acusados 17 años de cárcel por un delito de rebelión, mientras que la Abogacía solicita 8 años por sedición.