La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha anunciado este martes que el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, ha puesto su cargo a disposición del Gobierno, que lo cesará en el Consejo de Ministros de este viernes, tras reabrir la Audiencia Provincial de Sevilla el caso sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar y volver a estar imputado por su anterior cargo como consejero de Innovación, Industria y Turismo de la Junta de Andalucía.

A preguntas de los periodistas en Algeciras (Cádiz), Montero ha afirmado que habrá que dejar que la Justicia actúe, aunque ha recordado que se trata de un caso que se ha archivado ya en dos ocasiones. No obstante, ha querido aclarar que se trata de una causa que forma parte de la actividad anterior de Fernández, antes de ser presidente de SEPI.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado este martes la reapertura de la causa que investiga presuntas irregularidades de la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar en 2015, en la que estará llamado a declarar el que fuera secretario general de Innovación, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, actualmente presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández.

En el auto, facilitado por el Tribunal de Superior Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, la Sala ha aceptado estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de la sociedad Emerita Resources y ha ordenado reabrir esta causa revocando así el auto de archivo que dictó el pasado mes de marzo la titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, la juez Patricia Fernández Franco.

De esta manera, el tribunal ordena prestar declaración al que fuera secretario de la Consejería de Innovación, el actualmente presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, así como a Isidro L.M. y Mario L.M.. Igualmente, solicita a la Junta de Andalucía que informe a través de la UCO de la Guardia Civil de los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación y la Comisión Técnica tres meses antes de comenzar el procedimiento de licitación y los puestos que desempeñaron tras el mismo.

Así, la Sala estima un recurso que pedía la investigación de una presunta elección ilícita de la oferta de Minorbis-Grupo México que no cumplía los requisitos de las Bases del Concurso y que además era menos rentable económicamente para las arcas públicas, así como el presunto cohecho en tanto que determinados miembros tanto de la Comisión Técnica como de la Mesa de Contratación fueron ascendidos en fechas muy próximas al Concurso.

Igualmente, el recurso señala el presunto tráfico de influencias de Isidro L.M. y Mario L.M., a los que todavía no se ha tomado declaración, en virtud de las relaciones amistosas de los mismos con Vicente Fernández, "considerando igualmente que en la medida que las decisiones de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación se tomaban conjuntamente, serían responsables todos sus integrantes, por lo que resulta ilógico que se cite como investigados a unos y a otros no".

Además, el recurso de Emerita Resources solicita que se investigue los presuntos delitos de encubrimiento, falso testimonio, falsedad y obstrucción a la Justicia respecto de determinados escritos que constante el presente procedimiento se han presentado por determinados funcionarios para favorecer la posición de la Administración.