Tras años de reivindicaciones de los agentes de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad en España, el uso de las controvertidas pistolas eléctricas se extiende: pronto dispondrán de ellas los policías municipales de Madrid y la Policía Nacional ha empezado a tramitar la licitación de 1.100 unidades.
Los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y numerosas policías locales, como la de Valencia, ya usan estas armas, conocidas como Taser (por su marga registrada) y generalizadas entre las fuerzas de seguridad de numerosos países, aunque sigue sin haber consenso en torno a su seguridad.
Fuentes de Interior han confirmado a Efe la intención de adquirir más de un millar de pistolas eléctricas para la Policía Nacional; la licitación está en la fase de tramitación administrativa previa y se espera el informe de la Abogacía del Estado.
Entre tanto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado este martes en el pleno del Ayuntamiento que se van a adquirir doscientos dispositivos Taser para los policías locales con una inversión total de 500.000 euros.
El objetivo, ha explicado, es utilizarlas cuando otros medios no violentos resulten "ineficaces" para inmovilizar, detener o impedir la fuga de una persona "que manifieste un peligro inminente de lesionar a terceros o a sí mismo y cuando deba impedirse la comisión de un delito".
El Ayuntamiento ha prometido que se desarrollará un protocolo de uso "absolutamente garantista", con cámaras para poder revisar la actuación de los agentes, y el PSOE ha calificado de "razonable" la iniciativa, pero Más Madrid ha avanzado sus reticencias.
Recurrir a las Taser muestra una visión "extraordinariamente punitivista de la seguridad", ha denunciado la portavoz Rita Maestre, mientra su compañero de bancada, Pablo Soto, era tajante en Twitter: "Con estas armas 'no letales' se han documentado miles de muertes y en todo el mundo se están retirando. Esto es el Gobierno ultra de Madrid: corrupción y represión".
La constancia de muertes tras recibir una descarga de una Taser lleva a grupos como Amnistía Internacional a exigir "los máximos controles" y "protocolos muy estrictos" para la utilización de estas pistolas eléctricas.
"No son armas letales, pero tienen un riesgo, son peligrosas, y la experiencia nos dice, tras estudiar casos ocurridos en muchos países, que sí pueden tener consecuencias letales", ha señalado a Efe José María García, portavoz de AI sobre fuerzas y cuerpos de seguridad.
Según esta organización, no habría que recurrir a estas armas hasta no contar con estudios científicos que determinen su peligrosidad, pero, si se van a usar, que se haga con los mismos controles y exigencias que para un arma de fuego. También por la seguridad de los agentes.
No obstante, según AI, ya se han detectado casos de uso inadecuado de las Taser en cuerpos que las tienen a su alcance, como los Mossos.
Tras un debate político de años, en junio de 2018 la policía autonómica catalana inició en Girona el despliegue de pistolas eléctricas en este cuerpo con un protocolo que conlleva el uso de una cámara de grabación instalada en la armilla de los agentes y la presencia de un desfibrilador para reaccionar ante posibles incidentes.
Entre tanto ya disponían de ellas decenas de cuerpos de policía local de Cataluña y otras comunidades y en 2017 se había dotado con estas pistolas paralizantes a las patrulla de respuesta inmediata de la brigada móvil de la Ertzaintza.
Los sindicatos policiales, y también los de funcionarios de prisiones, llevan años reclamando la generalización de este dispositivo para proteger a los agentes y a los ciudadanos en intervenciones en las que el uso de armas de fuego es desproporcionado.
El pasado 5 de septiembre, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) reiteró esta exigencia en una convocatoria conjunta con responsables de la empresa Axon, vendedora en España de las pistolas.
Según esta empresa, los datos de distintos estudios sobre las Taser muestran que su uso baja un 40 por ciento el número de sospechosos heridos y un 70 por ciento el de policías lesionados.
