La Comisión Europea lleva a cabo una evaluación detallada sobre el cumplimiento de las reglas de aplicación de la orden europea de detención y entrega (OEDE) por parte de los Estados miembros, tras constatar que su implementación "no es del todo satisfactoria en algunos" países de la Unión Europea, y estudiará sanciones si detecta fallos graves.

Así lo ha señalado la comisaria de Justicia, Vera Jourova, en una carta a la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa (UPyD por Ciudadanos), quién se dirigió a la responsable comunitaria para alertar del riesgo de impunidad por la mala aplicación del sistema.

La eurodiputada liberal se refería especialmente en su carta a Jourova a la falta de confianza mutua entre Estados miembro debido a la "incorrecta aplicación" de la euroorden en casos "graves" como los del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y de la etarra Natividad Jáuregui, reclamados por las autoridades judiciales españolas pero que Alemania y Bélgica rechazaron extraditar.

Hasta ahora, Bruselas había defendido que el sistema de euroórdenes "funciona" y que no era necesario revisar la decisión marco ni el catálogo de delitos para la entrega automática de un sospechoso, a pesar de las quejas de España que reclama una reforma profunda.

En este sentido, Jourova ha dicho en varias ocasiones que está abierta a introducir "mejoras" en el sistema, pero que no contemplaba reabrir la discusión sobre las bases de la regla comunitaria.

Ahora, la comisaria apunta que distintas evaluaciones y estadísticas sobre la puesta en práctica del sistema de euroórdenes en la Unión Europea han demostrado que "funciona bien de manera general", pero que "su implementación no es enteramente satisfactoria en algunos Estados miembros".

Nueva evaluación y riesgo de sanciones

La comisaria no da detalles sobre los países incumplidores y se apoya en datos recogidos en años anteriores al caso de Puigdemont y los exconsejeros que le acompañaron en su huida a Bélgica, sin embargo añade que el Ejecutivo comunitario está recopilando de nuevo información detallada sobre la situación en toda la Unión Europea.

Se trata de analizar el nivel de transposición de la regla europea a las legislaciones nacionales de la Decisión Marco de la OEDE y de actuar en caso de que deficiencias graves.

"En base a este resultado --dice Jourova-- podríamos iniciar procedimientos de infracción para asegurar que todos los Estados miembros cumplen con el marco legal".

Además, la Comisión está "revisando y actualizando" el manual con las reglas para lanzar y ejecutar las órdenes europeas de detención y entrega, una medida que ha tomado en respuesta a "varias peticiones de profesionales para revisarlo".

Otra iniciativa sobre la que trabaja el Ejecutivo comunitario, según Jourova, es la creación de unas directrices comunes sobre los criterios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de rechazar una orden de entrega, en particular cuando se solicita información sobre las condiciones de las cárceles, por ejemplo.

Será una guía no vinculante, pero que Bruselas espera que arroje luz sobre el modo de interpretar y cumplir con lo dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien avala que un Estado miembro rechace entregar a una persona reclamada por otro socio de la UE si están en riesgo los derechos fundamentales.