El Ministerio de Justicia ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de vientres de alquiler.
Según recuerda este lunes el Ministerio en un comunicado, la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española y las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país "se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países".
Otras circunstancias que tiene en cuenta el Ejecutivo en su petición son la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.
Todo ello sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor, subraya Justicia.
La legislación española declara "nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero".
Por ello, son numerosas las familias que acuden a terceros países para encargar y recoger a sus hijos gestados por una mujer extranjera.
Desde el Gobierno, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, aseguró que se perseguiría "a las mafias" que trafican con los vientres de las mujeres "aquí y dónde sea", mientras que las titulares de Sanidad, María Luisa Carcedo, y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, la compararon con "la compra venta de niños".
El debate sobre su posible legalización ha sido abierto por Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, considera que en la gestación subrogada "solo hay amor, vida, libertad y respeto" y que recurrir a los vientres de alquiler es "un derecho".
Ciudadanos rechaza que se criminalice a las familias que recurren a esté método, por el que llegan a España unos mil niños cada año en España y que cuesta entre 100.000 y 150.000 euros por gestación.
El pasado mes de enero, el Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE comenzó a trabajar en un documento en el que proponía penalizar a las agencias intermediarias y a los que acuden a ellas, restringir el registro en España de los bebés nacidos en otros países y agilizar la adopción.
En la elaboración de este documento sobre los "vientres de alquiler" participaba la portavoz de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y presidenta de este Consejo, Altamira Gonzalo, quien comentó a Efe que alquilar un vientre para la gestación por sustitución supone comprar un bebé y en España "se penaliza el tráfico de personas".
Delgado: "hay indicios de delito"
La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha asegurado hoy que hay indicios de delito en la actividad de determinadas agencias de vientres de alquiler que operan en España y, por ello, ha decidido ponerlos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que lo investigue.
Así lo ha manifestado la ministra en declaraciones a Efe, en las que ha dejado claro que no se está investigando ni a padres ni a menores, solamente a determinadas agencias y "no a todas", si bien no ha precisado el número de ellas sobre las que existen indicios.
Indicios que el Gobierno ha querido poner en conocimiento de la Fiscalía para que investigue la actividad de estas intermediarias que ofrecen esos servicios en España y que podrían estar explotando en terceros países a mujeres, especialmente a las más vulnerables y con mayores necesidades.
Además de lucrarse, ha recalcado Delgado, podrían estar cometiendo delitos como el tráfico de menores, de organización criminal, de blanqueo de capitales e, incluso, de falsedad documental.
"Es un tema muy, muy grave", ha enfatizado la titular de Justicia, quien ha insistido en que en España la gestación subrogada está prohibida desde 2006 y ha lamentado que haya agencias que estén "negociando con el vientre de las mujeres" y estén "traficando con menores".
