La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Manuel García Castellón, que instruye el caso Púnica, que cite como investigada a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la presunta financiación irregular del PP regional, según han informado fuentes fiscales a Europa Press.

Las fiscales Carmen Cerdá y María Teresa Gálvez han presentado un escrito de 75 páginas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que reordena la macrocausa y reduce de 16 a 11 las piezas separadas que conforman este caso de corrupción que se lleva investigando desde 2014.

Una labor que el Ministerio Público ha tardado medio año en hacer, desde que a principios de año el juez instructor instase a las fiscales a hacer una reestructuración de la causa, precisando los hechos y sujetos afectados en cada una de las líneas de investigación, "con referencia a los correspondientes informes definitivos de la Guardia Civil", según informa Anticorrupción en un comunicado.

Al escrito se adjuntan anexos en los que se describen más minuciosamente los hechos correspondientes a las piezas relativas con la contratación de las empresas Cofely y Alfedel; las actuaciones del que fuera secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la trama Púnica; y la presunta financiación irregular de los 'populares' madrileños, en las que la Fiscalía interesa la práctica de más diligencias, como declaraciones de investigados, testigos y la apotación de diferente documentación.

Concretamente, en la pieza relacionada con la presunta financiación irregular del PP de Madrid, en concreto la número 9, las fiscales Anticorrupción se han apoyado en varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para pedir al magistrado que llame a declarar como investigados a las expresidentas regionales Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, el expresidente de Indra Javier Monzón y la propia empresa.

La UCO sitúa a Aguirre en reuniones claves en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante varias campañas electorales, en las que Aguirre ya presidía a los 'populares' madrileños. Por todo ello, solicita al magistrado instructor que la cite a declarar en calidad de investigada.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que el juez García Castellón estudiará a fondo el escrito presentado por Anticorrupción antes de tomar una decisión sobre la imputación o no de Aguirre. Las acusaciones populares de este caso, e incluso el que fuera su mano derecha, Francisco Granados, llevan tiempo insistiendo al magistrado en que incluya a la investigación a la exdirigente madrileña por este mismo asunto.

En cuanto a Cifuentes, la UCO también la vinculó con irregularidades en pagos a Fundescam y distintos gastos electorales de campañas del PP de Madrid en 2007. También destacó que era "partícipe y conocedora" de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.

En el escrito, dice la Fiscalía, se repasan los hechos y las personas investigadas en cada pieza de Púnica, se hace referencia a los informes definitivos de la Guardia Civil y se analizan los indicios de criminalidad existentes hasta la fecha.

De esta manera, las piezas que la Fiscalía propone dejar en el caso Púnica son las siguientes:

- Pieza 1. Es la del chivatazo de un guardia civil al exconsejero Francisco Granados, considerado cabecilla de la Púnica, en relación con la investigación. La única sobre la que ya se ha celebrado juicio, que acabó con la condena del agente a 2 años de prisión.

- Pieza 2. Relativa a la rama leonesa. Trata adjudicaciones irregulares a las empresas vinculadas al "conseguidor" de la trama, Alejandro de Pedro Llorca, y al exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa por parte de la Diputación de León. Están en espera de juicio una vez la Fiscalía presentó su escrito de acusación.

- Pieza 3. Sobre la rama de Púnica en Murcia. En ella se investigan adjudicaciones a sociedades de De Pedro y Alonso Conesa en la región. En esta pieza están procesadas una veintena de personas, entre ellas el exconsejero de Murcia Juan Carlos Ruiz.

- Pieza 4. De delitos de corrupción y blanqueo en el municipio madrileño de Valdemoro, de la que fue alcalde Granados y donde nació la trama.

- Pieza 5. Acerca de contratos menores de los ayuntamientos de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle con empresas de la Púnica.

- Pieza 6. La Fiscalía pide que en ella se analicen las presuntas comisiones que recibieron alcaldes de la Comunidad de Madrid por adjudicar a la empresa Cofely contratos de eficiencia energética.

- Pieza 7. Acerca de la contratación por parte de municipios madrileños de la empresa Waiter Music, dedicada a la organización de eventos y relacionada con la red Púnica.

- Pieza 8. La Fiscalía informa de que esta pieza sería "sobre hechos relativos a la etapa de Francisco Granados como consejero de la Comunidad de Madrid".

- Pieza 9. Es la del presunto desvío de fondos para pago de gastos del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.

- Pieza 10. Sobre adjudicaciones en Denia, Valencia, Madrid, Majadahonda, Valdemoro, Comunidad de Madrid y "terceros países" a empresas vinculadas a de Pedro y Alonso Conesa.

- Pieza 11. La última versa sobre las comisiones que se sospecha pagó la empresa Alfedel a cambio de la gestión de varios colegios concertados en la Comunidad de Madrid.