Este viernes se inicia en el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid el juicio por la destrucción de los ordenadores que el extesorero del PP Luis Bárcenas utilizaba en la sede central del partido.

¿Cómo se desarrollará el juicio?

El juicio se iniciará este viernes con el debate sobre las cuestiones previas y está previsto que las conclusiones se emitan el próximo 28 de junio. Por su parte, será el 20 de junio cuando se prevé que empiecen las declaraciones de los acusados.

¿Qué se juzga

El objeto del juicio es la destrucción de los discos duros de dos ordenadores de Bárcenas, que actualmente se encuentra encarcelado cumpliendo condena por la trama Gürtel. Al serle requeridos estos ordenadores en su día, el PP entregó un equipo vacío, sin disco duro, y un segundo portátil cuyo disco duro fue formateado 35 veces, antes de ser rayado físicamente.

¿Quiénes son los acusados?

En la causa figura como acusado el Partido Popular, a quien se responsabiliza de un presunto delito de daños informáticos. Además, también se imputa este delito al responsable de los servicios jurídicos del partido, Alberto Durán, al director del Departamento de Sistemas de la Información del PP, José Manuel Romero Alarcón, y a la extesorera y exgerente de los populares Carmen Navarro. Todos ellos, salvo el PP -por ser persona jurídica- están acusados también de un presunto delito de encubrimiento.

¿Quiénes son las acusaciones?

Se da la circunstancia de que en este caso sólo solicita condena la acusación popular ejercida conjuntamente por IU, la Ascociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) y el Observatori de Drets Humans (DESC), ya que la Fiscalía no ha presentado cargos y solicita la absolución de todos los procesados al entender que no existen "indicios relativos a ciertos extremos esenciales" y que la única versión sobre estos hechos es la del propio Bárcenas y resulta "inverosímil y contradictorial".

Inicialmente también Bárcenas figuraba como acusación particular en la causa, aunque el extesorero se retiró de este procedimiento en septiembre de 2016 cuando el borrado de los discos duros aún estaba en fase de instrucción.

¿Qué penas se solicitan?

Izquierda Unida pide que el PP sea penado con una multa de 10,8 millones de euros por dos delitos de daños informáticos y que Navarro, Durán y Moreno sean condenados a cuatro años y dos meses de prisión por estos dos delitos y el de encubrimiento.

El Observatori DESC solicita para la extesorera del PP la pena de dos años de cárcel por un delito de daños informáticos y encubrimiento; mientras que para el abogado y el informático interesa la imposición de una condena de un año y once meses y un año y diez meses, respectivamente, por las mismas conductas penales. Mientras, para el PP pide la suspensión de sus actividades por un plazo de seis meses y prohibición de recibir donaciones por un plazo de cinco años.

Asimismo, estas dos acusaciones consideran necesario que los cuatro acusados indemnicen a Bárcenas como perjudicado con la cantidad que reclame.

¿Quién declarará como testigo?

Por su parte, está previsto que presten declaración en esta causa en calidad de testigos la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el propio Luis Bárcenas, la antigua secretaria del extesorero del PP Estrella Domínguez, y su cuñado y jefe de seguridad del partido en aquella época, Antonio de la Fuente Escudero.

Además, también han sido citados como testigos Roberto Estangui, que trabajaba en una tienda de informática, y el exresponsable del departamento informático de la formación Javier Barrero, además de media docena de peritos.

Una causa reabierta

A principios del año 2016, la Audiencia Provincial de Madrid acordó reabrir el caso de la destrucción de los discos duros de los ordenadores que utilizaba Luis Bárcenas y que estaban custodiados en la sede del Partido Popular. Lo hizo tras estimar los recursos presentados por IU, la Asociación Justicia y Sociedad, Los Verdes, así como UPyD contra la decisión de sobreseimiento provisional de la causa acordada tres años antes, en 2013, por el Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid.

En el auto, el tribunal entiendía que "el archivo provisional se adoptó sin practicar diligencia de investigación alguna" sobre los hechos, lo que le impide disponer de información contrastada para dirimir el caso.