El Senado pagará 330.990,9 euros a una treintena de senadores por haberse quedado sin escaño con el cambio de legislatura. Esta indemnización por cese tienen derecho a solicitarla los parlamentarios que pierden el escaño y no tienen otro sueldo, pensión o retribución de cualquier tipo pública o privada. A la mayoría de ellos le corresponden en total 8.945,7 euros. En el caso de los senadores canarios, han sido dos los que han solicitado esta presentación: María José López Santana (Nueva Canarias) y Pablo Rodríguez Cejas (Agrupación Herreña Independiente), quienes cobrarán tres mensualidades por los tres años que han permanecido en su escaño.

Este pago se traduce como una especie de paro para los parlamentarios, que no tienen derecho a una prestación por desempleo y pueden solicitar esta paga. Se cobra mes a mes y se suspende en el momento en que quien la recibe tiene otro ingreso. La normativa establece que la indemnización equivaldrá a un mes del sueldo base (2.981,9 euros) por cada año que se ha permanecido en las Cortes Generales, o periodo de al menos seis meses, y hasta un límite de 24 mensualidades. Ese sueldo base es lo que se denomina asignación constitucional, una cuantía que cobran por igual todos los senadores al margen de complementos.

La mayoría de estos senadores perdió el escaño definitivamente el pasado 28 de abril, cuando en las elecciones generales otros candidatos fueron elegidos para el cargo. La excepción la marcan dos senadores andaluces, designados por el Parlamento autonómico, que dejaron el puesto en febrero. No obstante, a esta lista es posible que se sumen en las próximas semanas algunos senadores autonómicos cuyos cargos tienen que ser renovados tras las elecciones de mayo en una docena de comunidades. Los que pierdan el escaño y no tengan otros ingresos, podrán cobrar también esta indemnización mensual.

Según el Portal de Transparencia del Senado, el senador con derecho a una indemnización más alta es el socialista José Caballos, que puede cobrarla durante 12 mensualidades (35.782,8 euros en total). A otros dos les corresponde recibirla durante siete meses (20.873,3 euros): el popular Juan Represa y el regionalista navarro Patxi Yanguas. Una más, María Eugenia Iparragirre, del PNV, puede cobrar durante seis meses (17.891,4 euros) y la popular María Rosario Soto, 11.927,6 euros que equivalen a cuatro mensualidades.

El grueso de los beneficiarios, 25 en total, tiene derecho a cobrar tres mensualidades por los tres años que ha permanecido en el escaño. Se embolsarán 8.945,7 euros 16 senadores del PP que han solicitado esta indemnización: María José Alba, María Teresa Antoñanzas, Raquel Clemente, Miguel Ángel Estevan, Laureano León, Marta Lucio, Manuel Marmolejo, María Esther Merino, Cristina Molina, Amparo Monroy, Esther Muñoz, Arturo Pascual, Mari Carmen Pobo, Cristina Sanz, Nuria Simón y María Teresa Tortonda. En la misma situación están otros tres senadores del PSOE, David Delgado, Manuela Galiano y David Lucas; otro de Podemos, Iñaki Bernal, y una ex de Podemos, Elvira García; la senadora de Foro Asturias, Rosa Mari Domínguez de Posada.

En la lista figura también el senador de Compromís Carles Mulet, que también tiene derecho a cobrar tres mensualidades (2.981,9 euros al mesa) y solicitó recibir esta indemnización, pero Mulet ha vuelto al escaño este mes de junio porque de nuevo ha sido elegido senador por designación de las Cortes Valencianas y al recuperar el sueldo, se suspende el cobro de esa indemnización.

Este senador, como todos los demás, ha podido solicitar esta indemnización por cese con efectos desde el 28 de abril, que fue el día que se celebraron las elecciones y que se confirmó que perdían el escaño. Pero no es su único ingreso por perder el cargo. Todos ellos habían sido cesados como senadores desde que el 4 de marzo se disolvieron las Cortes por la convocatoria electoral. Desde aquel momento dejaron de ingresar el sueldo mensual pero cobraron lo que se llama indemnización de transición, una paga de 8.822,52 euros por los 54 días que transcurren sin retribución entre esa disolución de las Cortes y las elecciones.

Ambas indemnizaciones son compatibles y se pueden cobrar sucesivamente porque una es previa a las elecciones y otra es posterior, funciona como una especie de paro para los parlamentarios porque no tienen derecho a esa prestación.

Los senadores que fueron elegidos el pasado 28 de abril comenzaron a generar sueldo la misma noche electoral, aunque desde entonces no han tenido ninguna actividad porque se está a la espera de la formación de Gobierno.