La Fiscalía se ha opuesto a que el Supremo pregunte al Tribunal de la Unión Europea sobre los requisitos para acceder a la condición de eurodiputado y la extensión de la inmunidad, como pidió Oriol Junqueras, a quien se impidió salir de prisión para acatar la Constitución como eurodiputado electo.

En un escrito, el ministerio público pide al tribunal del "procés" que desestime el recurso de súplica del exvicepresidente de la Generalitat contra la decisión que le impidió el pasado lunes acudir al Congreso para acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central (JEC) y continuar así los trámites para convertirse en eurodiputado después de haber sido elegido el pasado 26 de mayo.

Del mismo modo, la Fiscalía se opone a que la Sala plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo (TJUE) sobre el alcance de la inmunidad, que la Fiscalía entiende no es efectiva hasta que no se adquiera la plena condición de eurodiputado y el Parlamento Europeo se encuentre en período de sesiones.

El ministerio público considera "completamente clara" la interpretación del Supremo sobre esta cuestión, que es "absolutamente conforme" con la doctrina comunitaria, en contra de lo que piensa la defensa de Junqueras, que estima que la decisión de la Sala "puede suponer una interpretación de la normativa incompatible con el derecho de la Unión".

Admiten los fiscales que el Supremo limitó "temporalmente" el derecho de participación política de Junqueras, pero lo hizo -dicen- "para preservar fines constitucionalmente legítimos" (el aseguramiento del proceso penal) y en base a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Por lo que sostienen que su decisión se traduce más bien en "la apertura de un paréntesis interruptivo" y "no supone el menoscabo de la adquisición de titularidad del derecho, sino que se limita a aplazar su verdadero y efectivo reconocimiento".

El Supremo argumentó que si se hubiese permitido a Junqueras continuar con los trámites el pasado 17 de junio ante la JEC, su desplazamiento posterior a la sesión constitutiva del Parlamento en Bruselas el próximo 2 de julio pondría en un "irreversible peligro" el proceso penal en el que se enfrenta a una petición de 25 años de prisión por rebelión.

Aparte del de Junqueras, la JEC también dejó vacantes los escaños del expresident Carles Puigdemont y el exconseller Antoni Comín, que no acudieron al Congreso al encontrarse huidos en Bélgica.