La Fiscalía Anticorrupción solicita dos años y medio de cárcel al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la pieza separada de la trama Gürtel por haber beneficiado, supuestamente, a la empresa Orange Market en la adjudicación del stand de Fitur 2009, la empresa de cabecera del Partido Popular, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Levante-EMV. El Ministerio Público también pide que se inhabilite a Camps para cualquier empleo o cargo público durante diez años, según el escrito de acusación.
El juez de la Audiencia Nacional decidió procesar al expresidente de la Generalitat en la pieza que investiga el amaño de contratos menores a las empresas de la Gürtel, que se reabrió precisamente a petición de la Fiscalía Anticorrupción para poder investigar la intervención del exjefe del Consell para beneficiar a la trama. Por estos hechos, Camps declaró el pasado 1 de febrero ante el juez De la Mata quien considera que existen suficientes motivos para procesar al expresidente de la Generalitat.
En su escrito, la Fiscalía Anticorrupción señala que las empresas de Francisco Correa "se asentaron en la Comunitat Valenciana a partir del año 2003 gracias a la red de influencias de Francisco Camps, no sólo para la organización de actos del Partido Popular, sino también con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la convocatoria y adjudicación de contratos públicos relativos a eventos que pudieran ser organizados pr la administración autonómica valenciana".
El Ministerio Público añade que Camps facilitó a Álvaro Pérez el acceso a altos cargos de la administración autonómica con poder decisorio e intervención destacable en la tramitación, adjudicación y ejecución de los expedientes de contratación de Fitur y otros eventos, quienes siguiendo instrucciones del presidente de la Generalitat posibilitaron que dicha mercantil obtuviera ilícitamente contratos de publicidad, organización de congresos, ferias y eventos de administraciones y entes públicos dependientes de la Generalitat". Sobre estos hechos ya pesa una condena, declarada firme por el Supremo, por la que acabó en la cárcel la exconsellera Milagrosa Martínez y su círculo más cercano de colaboradores.
Los hechos por los que se acusa ahora a Camps se refieren al stand de Fitur 2009, que pagaron entre varias empresas y fundaciones públicas, pero cuya adjudicación a Orange Market coordinó la exdirectora de relaciones institucionales, Dora Ibars.
