29 de mayo de 2019
29.05.2019
Juicio del 'procés'

Juicio del 'procés': La Fiscalía mantiene la petición de 25 años de cárcel para Junqueras por rebelión

El Ministerio Público sostiene su acusación y pide que no haya tercer grado hasta la mitad de la pena

29.05.2019 | 17:03
Juicio del 'procés': La Fiscalía mantiene la petición de 25 años de cárcel para Junqueras por rebelión

La Fiscalía ha ratificado en el juicio del 'procés' su acusación por rebelión contra los líderes independentistas y ha pedido al tribunal que si son condenados no obtengan el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena, lo que impediría a la Generalitatde Cataluña aplicar beneficios penitenciarios antes de tiempo.

El Ministerio Público ha elevado a definitivas sus conclusiones, por lo que mantiene invariables las penas de prisión que solicita contra los 12 acusados tras tres meses y medio de vista oral, en los que a su juicio no hay duda de que el 'procés' fue una rebelión consumada, en la que se empleó dinero público (malversación) y se desobedeció la legalidad vigente (desobediencia).

Tan solo ha modificado una cuestión para que se aplique el artículo 36.2 del Código Penal que establece que "cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años, el juez o tribunal podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta".

Se trata de una cláusula de estilo que se suele poner habitualmente para que el juzgado de vigilancia penitenciaria no conceda el tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la pena, es decir, para que no aplique beneficios antes de tiempo.

La clave está en que serviría de cordón sanitario contra una hipotética intervención de la Generalitat para excarcelarlos de las prisiones de Cataluña, donde previsiblemente cumplirán la pena en caso de ser condenados, al tener competencias en materia penitenciaria.

Mantiene así los 25 años de prisión para Junqueras; 17 años para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos, estos son Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa; mientras que para los otros tres exconsellers -Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila- solicita 7 años de prisión.

Se daba por hecho que la Fiscalía iba a apostar hasta el final por la rebelión como así ha sido y que la sedición no fue una figura penal que contemplarán los cuatro fiscales del caso, quienes entienden que el juicio lejos de cuestionar sus tesis lo que ha hecho no es sino corroborar su acusación contra la cúpula del 'procés'.

Clima insurreccional


Tanto es así que para reforzar su acusación de rebelión, la Fiscalía ha añadido en su escrito la mención al clima "claramente insurrecional" que se vivió del 19 de septiembre al 27 de octubre.

Además, ha dado credibilidad a la versión de la Prefectura de Mossos al añadir en su escrito que, en su reunión con Carles Puigdemont, Junqueras y Joaquim Forn del 28 de septiembre de 2017, advirtieron al Govern de que "era altamente probable que se produjeran situaciones violentas" si "la enorme movilización de personas" se enfrentaba a los agentes y pidieron desconvocar el 1-O.

"Al finalizar la reunión, el procesado rebelde, entonces presidente de la Generalitat, manifestó a todos los presentes que si el 1-O había violencia declararía la independencia", señala el escrito.

Lo que también han hecho los fiscales es retirar del escrito de conclusiones definitivas las menciones a los cinco miembros de la Mesa del Parlament una vez que la Sala acordó que todos ellos serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La Abogacía mantiene su acusación por sedición


Por su parte, la Abogacía del Estado se ha reafirmado en su acusación por sedición para la cúpula del 'procés' y ha mantenido su petición inicial de 12 años de cárcel para Junqueras, a quien también imputa malversación; de 10 para lForcadell, y de 8 para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

No cambia tampoco su petición de 11 años y medio para los exconsellers Turull, Forn, Rull, Romeva y Bassa por sedición y malversación, ni la de 7 años para Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs por malversación y desobediencia.

Así lo ha anunciado Rosa Seoane, jefa de lo Penal de la Abogacía del Estado -dependiente del Gobierno- ante el Tribunal Supremo al elevar sus conclusiones a definitivas, es decir, no ha modificado nada de su escrito en relación a los 12 acusados.

Una vez practicada toda la prueba, la representante de la Abogacía ha decidido seguir adelante con la sedición, un delito que castiga a quienes, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes.

Es decir, a su juicio, no se produjo la violencia necesaria para lograr la independencia de Cataluña en otoño de 2017, lo contrario a lo que opina la Fiscalía, que ha confirmado su acusación por rebelión.

Para la Abogacía, el juicio ha servido para ratificar los papeles de los acusados: en el primer lugar de responsabilidad sitúa a Junqueras, seguido de los cinco exconsellers en prisión dado su estatus de "autoridad" al haber "inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno" catalán.

Además de la pena de prisión, también pide para los seis la equivalente de inhabilitación, mientras que en el caso de los tres exconsellers en libertad, que no están acusados de sedición, la inhabilitación sería de 10 años.

También confiere condición de autoridad a Carme Forcadell, para quien pide 10 años de prisión y los mismos de inhabilitación por sedición al comprender que la Mesa del Parlament "debía haber inadmitido a trámite y paralizado todas las propuestas contrarias al orden constitucional", si bien "votaron sistemáticamente a favor".

Un escalón por debajo estarían el exlíder de ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a quienes no atribuye el estatus de autoridad aunque sí considera que incurrieron en sedición y por eso pide 8 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación.

Su papel, según la tesis de la Abogacía, habría sido el de liderar la movilización social "como medio para la consecución de los fines relativos al incumplimiento de la legalidad y la desobediencia a las resoluciones administrativas y judiciales".

Vox retira la acusación a Santi Vila por malversación y organización criminal


Mientras tanto, la acusación popular que ejerce Vox ha decidido elevar a definitivas sus conclusiones provisionales salvo en lo que concierne a Santi Vila, a quien ya no ve responsable de delitos de organización criminal y malversación y tan solo lo acusa de desobediencia.

De este modo, el partido que acusa en el juicio no solicita penas de prisión para Vila, dado que la desobediencia no está castigada con cárcel.

Vox quiere que el tribunal condene a Junqueras y a los exconsellers Forn, Turull, Romeva, Bassa y Rull a 74 años de cárcel por dos delitos de rebelión, uno de organización criminal y otro de malversación de caudales públicos.

Para los exconsellers Borràs y Mundó solicita 24 años de prisión y multa de 108.000 euros, como autores de un delito de organización criminal, otro de desobediencia y uno de malversación de caudales públicos. Era la misma condena que reclamaba inicialmente para Vila.

Pide que Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Forcadell sean condenados a 52 años de prisión por dos delitos de rebelión o, alternativamente, de sedición, y un delito de organización criminal.

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