La titular del Juzgado de Instrucción 17 de Valencia ha decidido dar por finalizada la investigación por el presunto cobro de mordidas en la construcción del circuito de Fórmula 1 y ha decidido procesar al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, el exconseller de Infraestructuras Mario Flores, el exsecretario autonómico Victoriano Sánchez Barcaiztegui, además de diversos técnicos de la Conselleria de Infraestructuras y empresarios, según acaba de adelantar la agencia Europa Press y refleja el auto de procesamiento al que ha tenido acceso Levante-EMV.
La magistrada considera que el expresidente de la Generalitat «excediéndose de las funciones y competencias que le correspondían y con la única intención de proyectar su imagen como máximo representante de la Comunitat Valenciana, arogándose propiedades no propias de su cargo, ideó, planificó, impulsó y dirigió la construcción de un circuito urbano de Fórmula 1 en Valencia con fondos públicos, urdiéndose un plan en el que implicó a funcionarios, autoridades y personal que prestaba servicio en el Ayuntamiento de Valencia y la Conselleria de Infraestructruras».
Para ello la magistrada considera que «utilizó indebidamente fondos públicos para lo que alteró fechas y datos en documentos administrativos para favorecer a determinas empresas que resultaban beneficiadas de adjudicaciones públicas por donaciones y entregas de dinero no hechas de modo altruista, sino con carácter finalista, para obtener como contrapartida adjudicaciones irregulares».
A través de este evento, Camps pretendía, según la jueza, «obtener rédito personal a través de su proyeccuón pública y política, dada la proximidad de las elecciones autonómucas en mayo de 2007 y las generales de su partido, el PP, en el 2008, confirmando el presidente de la Generalitat, el 1 de febrero de 2007, la posibilidad [de construir el circuito] tras los contactos con Bernie Ecclestone, anunciando el coste cero de la afección de la trama urbana y el coste neutro de la posible celebración de la competición, lo que finalmente ha resultado incierto, como se ha confirmado en el devenir de los acontecimientos».
La jueza añade que en esta «trama y plan urdido por el presidente de la Generalitat, involucra a Victoriano Sánchez Barcaiztegui, aprovechándose de la relación de amistad que les unía y la capacitación como ingeniero, del que era conocedor Camps tras la etapa en la que coincidieron ambos en el Ayuntamiento de Valencia, y sabedor de la lealtad del mismo (en referencia a Sánchez Barcaiztegui) como admite éste en su declaración judicial» por lo que «ordena y solicita un estudio de viabilidad para la construcción del circuito urbano de nuestra ciudad». Un encargo que Sánchez Barcaiztegui acata «por respeto al presidente y por la relación de confianza que les une». Este estudio preliminar, en el que Barcáiztegui involucró a su hijo se hizo con fecha del 15 de mayo de 2006, según el documento hallado en el registro de la vivienda del exsecretario autonómico de Infraestructuras.
Por estos hechos, la magistrada de Instrucción 17 considera que Camps podría ser autor de los delitos de «prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias al haber impulsado y permitido la construcción de un cicruito de Fórmula 1 en Valencia, al margen de las funciones propias de su competencia de presidente de la Generalitat».
En la causa también se ha decidido procesar a varios responsables de las consultoras Typsa y Ayesa, a quienes el Gestor de Transportes y Puertos (GTP) encargó el diseño y la dirección de obra del circuito.
En la causa finalmente la magistrada ha decidido procesar a 16 personas y archivar la investigación contra otras 17. Entre los beneficiados por el sobreseimiento se encuentra el exsecretario general del PP, David Serra, o la asesora de Camps en la Fórmula 1, Belén Reyero, entre otros.
