Las medidas que Vox ha anunciado que exigirá al nuevo Gobierno andaluz y que pondrá sobre la mesa al negociar la investidura del popular Juanma Moreno encajan sólo a medias con el pacto que PP y Ciudadanos han cerrado, con importantes coincidencias en materia económica y desencuentros en lo social y el modelo de Estado.

La negociación entre el PP y Vox, que está en fase inicial, se prevé más sencilla en lo que se refiere a bajada de impuestos, reducción de entes públicos o regeneración democrática.

Vox reclama la supresión del 99 por ciento de la cuota del impuesto de Sucesiones y Donaciones, punto recogido en el acuerdo de PP y Cs y que además es una de las "medidas estrella" acordadas.

También pide una reducción del 5 por ciento en el tramo autonómico del IRPF, bajada que también se recoge en el pacto programático, aunque sin cuantificar. PP y Cs se han comprometido a reducir esa tasa en todos los tramos de la escala autonómica.

La supresión de agencias administrativas "superfluas" que pide Vox también parece encajar con las diversas medidas que PP y Cs quieren poner en marcha para "desmontar la administración paralela y racionalizar el gasto", con auditorías y eliminación de entes.

El cambio de gestión en Canal Sur es otro punto coincidente, aunque Vox es más incisivo y pide reducir al máximo el gasto público en la radiotelevisión autonómica y suprimir uno de sus canales.

PP y Ciudadanos se limitan a prometer la constitución de un grupo de expertos que estudie las posibilidades de "redimensionamiento y mejora" de la eficiencia de la RTVA.

Los desencuentros llegarán previsiblemente en otra reclamación de Vox: la devolución al Gobierno central de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Seguridad, algo que se suma a la posición contraria de esta formación al estado de las autonomías.

PP y Ciudadanos no sólo han acordado medidas para reforzar la gestión en esas cuatro áreas, sino que incluyen un punto específico de defensa de la unidad de España y del Estado de las Autonomías "bajo los principios de igualdad y solidaridad".

Además, reclaman un nuevo modelo de financiación autonómica para afrontar la mejora de los servicios públicos de su competencia.

En materia de inmigración, Vox defiende la colaboración total con la policía y jueces para "repatriar a los inmigrantes ilegales" y para combatir a las mafias.

En este punto, PP y Ciudadanos han acordado un plan de mejora de la gestión de la política migratoria, que incluye destinar más recursos humanos y materiales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que vigilan las fronteras andaluzas.

Asimismo, el PP aboga por una "inmigración ordenada" en función de las necesidades laborales.

Vox defiende también la sustitución de la ley andaluza de Violencia de Género por una ley de Violencia Intrafamiliar y que se derogue la Ley Andaluza de Memoria Histórica, puntos que tendrán difícil su encaje en el pacto firmado por populares y naranjas.

De hecho, ambos partidos pretenden impulsar un gran acuerdo contra la violencia de género que desarrolle en la comunidad "los avances logrados" por el Pacto de Estado.

La formación que lidera Santiago Abascal quiere también que se sustituya la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales por una de Familia y Natalidad, aunque es poco probable que este punto forme parte del acuerdo, ya que Vox no entrará en el Ejecutivo.

PP y Ciudadanos sí han pactado aprobar una ley de apoyo a las familias andaluzas, "adaptada a la realidad actual y a sus diferentes modelos", con especial atención a las familias numerosas y monoparentales.

En materia de tauromaquia y caza, Vox pide que se ponga en marcha un plan de apoyo, aunque PP y Ciudadanos no hacen referencia a ello en su acuerdo.