Un juzgado de Madrid ha enviado a prisión provisional por blanqueo al viceministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez, Nervis Villalobos, detenido el pasado miércoles en Madrid junto con otras tres personas, de las que también ha ingresado en la cárcel el argentino Luis Fernando Vuteff.

Los cuatro pasaron ayer a disposición de la juez de guardia de los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, en este caso la titular del Juzgado de Instrucción 51.

Según han informado fuentes jurídicas, la juez decretó anoche prisión para Villalobos y Vuteff, y libertad para los otros dos -Ignacio Sánchez Combán y Darío Ramiro Mario Ale Iturralde- con las medidas cautelares de retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.

Los arrestos se hicieron a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y por orden del Juzgado de Instrucción 41 de la capital, que ya investigaba al exviceministro chavista por blanqueo y que, de hecho, lo mantenía en prisión hasta que hace un mes la Audiencia de Madrid ordenó su libertad.

La Fiscalía pidió esta semana su detención alegando que se han encontrado nuevos indicios de blanqueo contra él, concretamente el que lavara dinero proveniente de sobornos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en una promoción de chalés en Marbella (Málaga).

Este supuesto blanqueo lo habría realizado, junto con los otros tres detenidos, a través de la sociedad Columbus Properties One, con domicilio social en la calle Orellana de Madrid y que fue registrada en la operación policial del miércoles en la que se produjeron los arrestos, bautizada como Carabela.

Según informó ayer la Policía, en la operación se embargaron 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros, entre los que se encuentran un hotel, una urbanización de lujo en Marbella y varios localizados en el madrileño barrio de Salamanca.

Además, se emitieron tres órdenes internacionales de detención en una operación en la que se registraron siete domicilios y despachos profesionales.

La investigación, indicó la Policía, comenzó hace más de un año cuando los agentes detectaron una serie de transferencias realizadas por un ciudadano portugués desde el extranjero, que tenían como destino cuentas bancarias de personas vinculadas a expolíticos venezolanos y a directivos de una sociedad de gestión de patrimonios que operaba en España.

Fruto de los mecanismos de cooperación policial internacional, los agentes comprobaron que esa persona también estaba siendo investigada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Al parecer, el portugués ayudaba a exdirectivos de PDVSA a blanquear, en España y en Estados Unidos, más de 1.200 millones de dólares obtenidos mediante sobornos de la petrolera venezolana, en lo que se conoce en el país norteamericano como el caso Money Flight.

A raíz de la colaboración entre ambos países se pudo determinar que la sociedad de gestión de patrimonios ubicada en España daba servicios de blanqueo de capitales a políticos venezolanos y directivos de PDVSA, entre ellos Villalobos.

Les ayudaba así a ocultar las ganancias que habían obtenido con su actividad criminal mediante la inversión de los fondos en inmuebles en España, todo ello a través de una compleja estructura societaria con ramificaciones en Suiza, Malta e Italia.

Hasta ahora, el Juzgado 41 de Madrid investigaba a Villalobos por haber transferido casi 7 millones de dólares entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa (Portugal) del Banco Madrid a través de sociedades ligadas a él y lavar luego parte de ese dinero en actividades inmobiliarias en España.

Sobre Villalobos pesa otra investigación en la Audiencia Nacional por "cohecho internacional" en la que se encuentra en libertad provisional, en relación con los supuestos sobornos que habría concedido el grupo asturiano Duro Felguera a funcionarios bolivarianos de alto rango a cambio de contratos.

Además, un tribunal del estado estadounidense de Texas le investiga por blanqueo y otros delitos, país al que ha accedido ser extraditado pero cuya entrega no se podrá hacer efectiva mientras tenga causas pendientes en España.