El Ayuntamiento de Villa de Mazo reclama compensación económica urgente al Cabildo por el vertedero insular

El Ayuntamiento de Villa de Mazo ha exigido al Cabildo de La Palma que tramite con carácter urgente el convenio que permita hacer efectiva la compensación económica que corresponde al municipio por albergar el Complejo Ambiental de Los Morenos, instalación que gestiona los residuos de toda la Isla.

El alcalde, Idafe Hernández, sostiene que Mazo lleva "muchos años asumiendo las consecuencias de una instalación que presta servicio a toda La Palma" y subraya que el municipio no reclama "un trato de favor", sino que se cumpla "un compromiso que permanece pendiente".

Según el Ayuntamiento, Mazo es el único municipio de la Isla que soporta directamente el impacto de esta infraestructura, con afecciones sobre el territorio, las comunicaciones y las posibilidades de desarrollo económico de su entorno. Hernández considera que estas consecuencias deben ser compensadas "de manera proporcional" y advierte de que el retraso en la formalización del convenio está provocando un perjuicio directo a las arcas municipales.

"Mazo lleva muchos años asumiendo las consecuencias de una instalación que presta servicio a toda La Palma"

Idafe Hernández

— Alcalde de Villa de Mazo

Afecta a otros servicios municipales esenciales

El consistorio señala que esta situación limita la capacidad del Ayuntamiento para afrontar con normalidad la prestación de servicios públicos, especialmente aquellos relacionados con el abastecimiento de agua y el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas.

La reclamación municipal coincide, además, con la planificación del Cabildo para ampliar la capacidad de vertido del Complejo Ambiental de Los Morenos. La institución insular prevé construir una tercera celda de vertido, dado que la denominada "celda de transición", puesta en funcionamiento el pasado año, alcanzará previsiblemente el final de su vida útil durante 2026.

El proyecto de modificación de la autorización ambiental, actualmente en exposición pública, contempla que la nueva celda se ejecute en dos fases para ampliar con rapidez la capacidad disponible. La primera tendría una capacidad de 79.007,660 metros cúbicos y una vida útil estimada de 35,9 meses, aproximadamente tres años.

Una vez finalizada la actuación, la capacidad total de la celda alcanzaría los 290.185 metros cúbicos. Tomando como referencia una tasa de llenado de 2.200 metros cúbicos diarios, el proyecto estima una vida útil de 11 años, equivalentes a 131,9 meses.

Los terrenos previstos para la nueva infraestructura no son actualmente propiedad del Cabildo, por lo que el proyecto plantea iniciar "con urgencia" su adquisición. Las parcelas, no obstante, se encuentran dentro del perímetro de reserva de suelo establecido para este tipo de instalaciones en el Plan Territorial Especial de Residuos de La Palma.

La complejidad de la actuación viene determinada también por la orografía de la zona, caracterizada por un terreno abrupto que obligará a realizar un importante volumen de excavación. El proyecto prioriza así maximizar la capacidad de vertido, al tratarse de la única nueva celda disponible en la Isla cuando se agote la capacidad de la actual celda de transición.

Crear una nueva celda

El Cabildo ya ha iniciado los trámites para modificar la autorización ambiental del complejo después de que los informes técnicos confirmaran que la celda actualmente operativa alcanzará próximamente su capacidad máxima.

En la documentación remitida a la Consejería de Transición Ecológica, el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, reconoce que medidas como el aumento de la recogida selectiva, el compostaje comunitario o el traslado de residuos voluminosos no han sido suficientes por sí solas para resolver las necesidades de gestión de residuos de la Isla. El documento advierte de que no adoptar nuevas medidas podría provocar "un colapso del sistema de gestión de residuos insular" y comprometer la prestación de un servicio público esencial.

El presupuesto base de licitación previsto para la primera fase de la nueva celda asciende a 5.883.534,68 euros.

En este contexto, el Ayuntamiento de Mazo reclama que el papel que desempeña el municipio como receptor de una infraestructura de ámbito insular se traduzca también en la compensación económica comprometida, y reclama al Cabildo que desbloquee de forma urgente el convenio pendiente.

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