Dos acusados por la presunta estafa de 825.000 euros en el asfaltado de la carretera de El Time, en La Palma

La repavimentación de la carretera de circunvalación de El Time, en La Palma, ha terminado convertida en una causa penal en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por presuntos delitos de estafa y falsedad en documento público, un fraude que ha supuesto un quebrantamiento de más de 825.000 euros a las arcas del Cabildo de La Palma, según el escrito de acusación de la Fiscalía.

Este caso sentará en el banquillo de los acusados a un empresario, administrador de una empresa constructora, y a un técnico funcionario del Cabildo de esa isla. En el procedimiento también está acusada como persona jurídica la citada empresa, a la cual se le reclama una multa de más de cuatro millones de euros.

El caso arranca con un contrato público adjudicado a una empresa constructora, que tenía un presupuesto total de 1.433.498,70 euros para unos trabajos muy concretos: fresado del pavimento existente, aplicación de capas de rodadura con espesores determinados, riegos de imprimación y adherencia y la correcta gestión de los residuos de fresado. El objetivo era alargar la vida útil de la carretera y reforzar la seguridad vial.

Sin embargo, el relato del Ministerio Fiscal dibuja una realidad bien distinta. A medida que avanzaba la ejecución, el ingeniero técnico de obras públicas del Cabildo, director facultativo de la obra, fue emitiendo certificaciones en las que se daba por ejecutados trabajos y empleos de material que o nunca llegaron a realizarse o se hicieron en mucha menor cuantía que la reflejada en los documentos oficiales. Esas certificaciones son la base para que el Cabildo abone las facturas a la empresa.

Paralelamente, el representante y asesor técnico de la constructora, también acusado, habría refrendado dichas certificaciones pese a conocer que no se ajustaban a la realidad de lo ejecutado en la carretera., según sostiene la Fiscalía. La empresa, a través de su representante, presentaba las certificaciones para su cobro y el Cabildo, con el aval técnico del director de la obra, procedía al pago.

Un fraude de casi 825.000 euros

El resultado, de acuerdo con los cálculos incorporados al procedimiento, revela un importante desfase entre lo certificado y lo realmente ejecutado. El valor de las obras efectivas se sitúa en 599.385,78 euros, mientras que las certificaciones alcanzaron el tope del presupuesto, 1.433.498,70 euros. En total, el Cabildo de La Palma transfirió 1.424.074,19 euros a la empresa. La Fiscalía fija la cuantía defraudada en 824.688,41 euros, que presenta como perjuicio directo para la administración insular.

La acusación no se queda en el plano económico. La supuesta falta total de ejecución de partidas como el fresado del aglomerado asfáltico, determinados riegos de imprimación o la gestión de residuos, así como la ejecución de menos metros cuadrados de asfaltado o con un espesor inferior al previsto, tendría, según el escrito fiscal, consecuencias directas sobre la calidad final de la obra: una carretera cuya vida útil sería sensiblemente menor a la diseñada y licitada.

Doble imputación

Sobre estos hechos, el Ministerio Fiscal formula una doble imputación. Por un lado, califica la conducta del representante de la empresa como un delito de estafa agravada en la contratación pública, del que haría también responsable penal a la propia mercantil como persona jurídica. Por otro, atribuye al ingeniero del Cabildo un delito continuado de falsedad en documento oficial, al entender que, como funcionario, certificó como ciertos datos que no se correspondían con la realidad de la obra. Ninguno de los dos acusados a título personal consta con antecedentes penales.

Las penas solicitadas son elevadas. Para el representante de la constructora, la Fiscalía pide seis años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de quince meses, con una cuota diaria de catorce euros. Para la empresa, reclama una multa de 4.123.442,05 euros y su inhabilitación durante doce años para contratar con el sector público, obtener subvenciones o disfrutar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

En cuanto al ingeniero del Cabildo, el Ministerio Público interesa igualmente seis años de prisión, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, una multa de veinticuatro meses con la misma cuota diaria y la inhabilitación durante seis años para desempeñar cargos técnicos en cualquier ente del sector público. La sucesión de certificaciones presuntamente mendaces encajaría, a juicio de la Fiscalía, en un patrón de falsedad continuada.

En el terreno de la responsabilidad civil, la acusación reclama que la empresa y su representante indemnicen de forma solidaria al Cabildo Insular de La Palma en 824.688,41 euros, cantidad que corresponde a la diferencia entre el valor de los trabajos realmente ejecutados y lo que la administración terminó abonando. Para asegurar el eventual cobro de esa suma, pide además la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil y la exigencia de fianzas a los acusados.

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