La Diputación del Común cumple 40 años defendiendo a la ciudadanía

La Diputación del Común cumple cuatro décadas de la promulgación de la Ley que permitió la creación de esta institución y garantizó el desarrollo de la figura del Alto Comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos en el ámbito de la Comunidad Autónoma, tal y como establece el Estatuto de Autonomía.

Figura ligada históricamente a La Palma por el conocido pleito contra los regidores perpetuos en el siglo XVIII, entablado por el comerciante de origen irlandés Dionisio O’Daly y el abogado de Garafía Anselmo Pérez de Brito, la Diputación del Común no solo tiene su sede principal en la Isla Bonita, sino que fue un palmero, Luis Cobiella Cuevas, la primera persona en ser elegida por el Parlamento de Canarias para realizar esta tarea y poner en marcha una institución de tanta trascendencia para la sociedad canaria, especialmente para la defensa de las personas más desfavorecidas.

En un acto celebrado en Santa Cruz de La Palma, su actual responsable, Dolores Padrón, recalcó las vicisitudes de la época actual, en la que también la institución ha tenido que adaptarse a la sociedad y sus problemáticas, y en la que apuntó que su labor sigue siendo fundamental para mediar entre la ciudadanía y la administración pública.

También se refirió a la necesidad de modernizar la institución para afrontar los desafíos actuales, promoviendo el diálogo y la mediación como herramientas esenciales para su función. El acto contó también con la participación del nieto de Luis Cobiella, actual consejero de Cultura del Cabildo insular, Pablo Díaz, quien recordó la figura del primer Diputado del Común desde un punto de vista más cercano y familiar.

También participó la escritora Elsa López, quien apuntó al significado de esta institución, en defensa de quienes intentan que no se les robe un derecho, dijo.

La entidad se ha convertido en un pilar esencial que garantiza la defensa de los derechos y libertades

Esta entidad, que depende directamente de Parlamento de Canarias, se ha convertido en un pilar esencial para garantizar la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía canaria. Así lo expresó la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, quien apuntó su felicitación por el 40 aniversario de la Diputación del Común de Canarias valorando la importancia de este órgano, presente en las ocho islas, que ha trabajado incansablemente para acercarse a la ciudadanía, escuchando sus inquietudes y actuando como puente entre las personas y las administraciones.

Desde 1985

Astrid Pérez puso de manifiesto el trabajo del alto comisionado en su labor para garantizar la supervisión de las administraciones públicas, y para la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos en las islas. Pérez valoró el trabajo de quienes han liderado esta institución desde 1985: Luis Cobiella Cuevas, Arcadio Díaz Tejera, Fernando Giménez Navarro, Manuel Alcaide Alonso, Jerónimo Saavedra Acevedo, Rafael Yanes Mesa y María Dolores Padrón Rodríguez. Asimismo, la presidenta de la Cámara destacó la labor del personal técnico y administrativo que ha hecho posible su funcionamiento a lo largo de sus cuatro décadas de historia.

67.000 expedientes

En estos 40 años, este órgano de defensa de los intereses de la ciudadanía ha abordado 67.000 expedientes. Todos ellos tramitados, presentes en sus memorias anuales o sus informes extraordinarios, dando fe del trabajo realizado por la entidad. Algo que para la presidenta del Parlamento ha fortalecido la democracia y contribuido a consolidar un modelo autonómico más cercano y humano.

Las nuevas tecnologías con el canal de denuncias y la sede electrónica han contribuido mucho a ese acercamiento de la ciudadanía, de hecho en 2023 las quejas acumuladas crecieron 141% desde los últimos doce años, aunque el dato más relevante es que el 64.46% de las reclamaciones fueran favorables a la ciudadanía. Las áreas de contenido social siguen acaparando el mayor volumen de quejas sobre el funcionamiento de la Administración Pública de Canarias.