La asociación Tierra Bonita, creada para trabajar a favor de los derechos de las personas damnificadas por la erupción del volcán Tajogaite, insiste en su mensaje de seguir caminando para «buscar la verdad» sobre la gestión de la emergencia volcánica.
El próximo 19 de septiembre se cumplen dos años del inicio de la catastrófica erupción de La Palma, un fenómeno geológico que denuncian «comenzó en la sobremesa de aquel aciago domingo de 2021 con la población en riesgo en sus casas, porque no fue evacuada de forma preventiva antes de que la tierra se abriera».
Desde la asociación, a través del portal creado para difundir sus contenidos, tienen previsto hacer públicas en próximos días distintas historias que «indagan» en lo que pasó antes y tras los primeros momentos de este proceso eruptivo, «en una necesaria búsqueda de cómo fue la toma de decisiones, cuyos pormenores siguen vetados a la opinión pública», lamentan.
Se trata de un relato de los hechos acaecidos, fundamentalmente en los días y horas anteriores al comienzo de la catástrofe, donde llaman la atención lo que califican como «contradicciones y silencios de algunos políticos y científicos acerca de las razones por las que no se tomó la decisión de desalojar de forma general la zona donde había más probabilidades de que explotara el volcán».
Manifiestan que, a pesar del despliegue de medios científicos y de personal de seguridad y emergencias, a través del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), «la realidad es que solo el capricho de la naturaleza, la ruleta rusa del magma presionando bajo la Isla, permitió que la erupción comenzara sin cobrarse vidas».
La lava emergió a cientos de metros de viviendas habitadas, «pero pudo haberlo hecho bajo las propias viviendas de los núcleos urbanos del lugar, lo que habría provocado un número indeterminado de muertes», quieren poner de manifiesto.
La población más próxima al volcán tuvo que «salir corriendo con lo puesto», pues la peligrosa explosión se produjo sin previo aviso, mientras los habitantes del lugar permanecían en sus casas «confiando en los llamamientos a la tranquilidad de las autoridades y en que serían alertados con suficiente antelación para no exponer sus vidas a un grave riesgo y poder salvar enseres, objetos personales y animales de compañía y de granja», denuncian.
Se preguntan por qué las autoridades de ese momento no elevaron el nivel de riesgo de la emergencia del amarillo en que se encontraba ese domingo 19 de septiembre de 2021 por la mañana al naranja, pese a las que consideran eran «las señales evidentes de la naturaleza sobre la proximidad de la erupción sigue siendo una cuestión controvertida pero no explicada de manera convincente a la opinión pública».
Otra de las cuestiones que precisan se hagan públicas es el contenido de las reuniones del comité científico asesor y el comité director del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), que señalan que «permanece bajo llave como si de un secreto de Estado se tratase».
También señalan al anterior Gobierno canario por no acceder a entregar ni las actas detalladas ni las grabaciones de esas reuniones, apuntando a que alegaron que «no está obligado a dar esa documentación a los afectados, ni a medios de comunicación, ni hacerlas públicas pues no la considera de interés público».
Por tanto, dicen, «la sociedad desconoce», por ejemplo, cuál fue el criterio en los momentos previos a la emergencia de cada una de las instituciones científicas asesoras, «ni por qué las autoridades tres horas antes de la erupción habían descartado evacuar si, como ha trascendido, una parte de los miembros de ese órgano científico advertía de que el magma podía llegar a la superficie de manera inminente».
