El Cabildo insiste en el cierre del acceso a los núcleos de Puerto Naos y La Bombilla

El Cabildo insiste en la imposibilidad de abrir al acceso libre a las zonas incluidas en los espacios de exclusión de los núcleos costeros de Puerto Naos y La Bombilla, en la costa del Valle de Aridane, justificando la existencia de gases que son incompatibles con la vida.

Ha sido el presidente insular, Mariano Hernández Zapata, el que ha salido al paso de la información hecha pública por la plataforma Jaraco de vecinos de la zona y su gabinete jurídico, interponiendo una demanda de medidas cautelares ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Hernández Zapata sostiene que van a seguir trabajando bajo la información del Comité Científico del Pevolca, el cual aún sopesa que la situación de gases en dichos núcleos poblacionales sigue siendo incompatible con la vida, destacó. El presidente considera que «no estamos quietos y seguimos trabajando por dar pasos al frente», lo que ha permitido, dijo, la aprobación del protocolo de acceso de los vecinos a Los Lajones, con quienes han mantenido un primer encuentro para que puedan entrar a vivir a la zona siguiendo los protocolos de seguridad. Además, insistió en que «prima la seguridad y la vida de las personas», aunque también recalcó que respetará «lo que decida un juez».

También anunció la instalación de los primeros sensores en la zona de Los Lajones, que enviarán información sobre la calidad del aire y la presencia de gases tóxicos. Explica también que estos dispositivos remiten los parámetros obtenidos a la aplicación diseñada por la Corporación insular para, más adelante, saber cómo implantarlos en el resto de zonas afectadas por la emisión de gases.

El presidente del Cabildo anuncia la instalación de sensores en la zona de Los Lajones

Aun así, en las medidas cautelares presentadas por los afectados, el abogado José Luis Langa explica que «los niveles de CO2 existentes en estas poblaciones son compatibles con la vida», según lo determinó el profesor jubilado de la Universidad de La Laguna (ULL) y licenciado en Químicas, Francisco Pulido, quien aseguró que, según un estudio realizado por él, «las medidas para la exclusión de los vecinos no se sustentan ni tienen rigor científico».

Apoyados en ese informe, los vecinos argumentan que el nivel de CO2 en estas áreas poblacionales «son similares a los que puede haber en un espacio cerrado con gente y que no representan ningún peligro». En esa misma línea, el secretario de la Asociación Jaraco añadió que «no se ha aclarado nunca por qué nos desalojaron, pues esta no es una zona que esté en situación catastrófica». Además, también insisten para reclamar el acceso libre a sus propiedades en que «las mediciones que nosotros hemos podido hacer demuestran que la calidad del aire es buena para la habitabilidad».

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