La iniciativa popular para la Ley de Volcanes inicia su recorrido en el Parlamento regional

La Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán de Cumbre Vieja 2021 presentó ante el registro del Parlamento de Canarias la documentación referida a la iniciativa legislativa popular de la Ley de Volcanes. Con esta ley de iniciativa popular se pretende dotar a la Comunidad Autónoma de una ley que garantice la recuperación de la población y la zona afectada por catástrofes volcánicas como la que ocurre en La Palma.

En concreto, se trata de garantizar por ley que las personas afectadas por una erupción volcánica en Canarias tengan el derecho de reconstruir sus propiedades y recuperar el valor material de lo que han perdido para poder recuperar su vida. Ese es el eje central junto a otras medidas de recuperación de la zona afectada y de la Isla en conjunto, así como que esto se garantice por ley independientemente del color político del gobierno.

Esta iniciativa legislativa también contiene medidas que promueven el mantenimiento de la cultura y el recuerdo de lo que se ha perdido bajo el volcán, así como otras en prevención de riesgo volcánico a tener en cuenta a la hora de hacer nuevas construcciones.

Tras la presentación y registro en el Parlamento de Canarias se espera que llegue la autorización para proceder a recoger las 15.000 firmas necesarias. Desde ese momento se dispone de tres meses de plazo, aunque la Plataforma señala que «intentaremos hacerlo en un mes, para que esté presente en el primer pleno de la nueva legislatura y que esté aprobada en octubre».

La legislación que se propondrá garantizará que se tenga en cuenta toda la casuística de las familias afectadas, de modo que no haya una única solución sino diferentes a la vez, en función de las edades o del tipo de vivienda o empresas, al igual que con el sector agrario.

El articulado de esta propuesta de ley también recogerá medidas en el ámbito de la educación, para que se refuercen los centros de enseñanza que acojan a alumnado de familias damnificadas, así como medidas de sensibilización sobre el riesgo volcánico, incluyendo la previsión de seguros.

Creación de un consorcio

Igualmente contemplará la obligación de crear un consorcio interadministrativo, con representación de los afectados, para que cada Administración pública no vaya por separado y se puedan ejecutar las iniciativas más rápido y de forma más económica.

Una de las personas encargadas de realizar el registro de esta documentación fue Juan González, quien admite que, aunque no se trata de un procedimiento habitual, si garantiza que el resultado «sea de todos y no de nadie».

Juan González ha invitado a la ciudadanía a ser solidaria y sumarse a esta iniciativa aportando su firma, que dijo permitirá contar con un territorio en el que «se podrá vivir mejor» y permitirá acabar con el actual «vacío legal» que existe a este respecto.

Y es que el portavoz de los afectados para este asunto recalcó que «para estar seguros viviendo en unas islas volcánicas hace falta una ley de volcanes», permitiendo contar con una legislación que asegure no sólo las vidas, sino también las pertenencias particulares.

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